El Ministerio de Hacienda ha rebajado las sanciones por incumplir la obligación de declarar los bienes en el extranjero que fueron declaradas ilegales por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
El Gobierno ha aprovechado la tramitación en el Senado del proyecto de ley que modifica los impuestos de sociedades y sobre la renta de no residentes para modificar la normativa de la obligación de declarar los bienes en el extranjero, el llamado modelo 720, de acuerdo a lo establecido por el TJUE. Su intención es que entre en vigor antes del 31 de marzo, cuando finaliza el plazo para presentar el modelo 720.
El pasado 27 de enero, el TJUE declaró ilegal la imprescriptibilidad y las sanciones asociadas al modelo 720 al considerarlas desproporcionadas y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya avanzó que se modificarían los aspectos suspendidos.
Estas modificaciones se recogen en seis enmiendas presentadas por el PSOE al proyecto de ley que modifica los impuestos de sociedades y sobre la renta de no residentes, que se está tramitando ahora en el Senado., que se justifican por la necesidad de adecuar el régimen jurídico del modelo 720 a la legalidad europea.
Estas enmiendas establecen que la obligación prescribe a los cuatro años como establece la normativa general, y se sustituye el anterior régimen sancionador –que incluía multas fijas por cada incumplimiento y una penalización de hasta el 150%– por el régimen general recogido en la Ley General Tributaria.
Tras su aprobación por parte de la Comisión de Hacienda del Senado, las enmiendas han quedado incorporadas al texto de la ley, que tendrá que validarse en el Pleno y, posteriormente, volver al Congreso de los Diputados para que de su conformidad a los cambios.
El modelo 720 fue aprobado en 2012 por el Gobierno del PP, con el ministro Cristóbal Montoro al frente de Hacienda. Se trata de una declaración informativa que deben presentar todos los contribuyentes con residencia fiscal en España y que cuenten con bienes y derechos (inmuebles, cuentas bancarias, acciones…) en el extranjero por valor superior a los 50.000 euros.
