La Audiencia Provincial de Sevilla condenó el 19 de noviembre al expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, a seis años de prisión por malversación y prevaricación continuadas en el caso de los ERE, mientras que a su antecesor, Manuel Chaves, le impuso una condena de nueve años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación. La sentencia asume casi en la totalidad la petición de penas que hizo la Fiscalía Anticorrupción.
Otros cuatro exconsejeros de los gobiernos socialistas de Andalucía han sido condenados también a prisión: Antonio Fernández y José Antonio Viera (Empleo), Francisco Vallejo (Innovación) y Carmen Martínez-Aguayo (Economía). La pena más alta es para Fernández, siete años y 11 meses. En el caso de Vallejo y Viera, la condena es de siete años; y la de Martínez-Aguayo, de seis.
Por prevaricación han sido inhabilitados también durante nueve años la exministra con Zapatero y exconsejera Magdalena Álvarez y el exconsejero y hombre fuerte del PSOE andaluz, Gaspar Zarrías. Asimismo, han sido condenados a inhabilitación por este mismo delito los exdirectores generales de la agencia Idea Jacinto Cañete (ocho años), y los exsecretarios generales de Empleo Javier Aguado y Juan Francisco Sánchez (nueve años) y Lourdes Medina (ocho años).
Solo dos de los 21 acusados han resultado absueltos: el exinterventor general de la Junta Manuel Gómez y el exjefe de los servicios jurídicos Francisco del Río. Al primero se le acusaba de malversación y prevaricación y a Del Río, solo de prevaricación.
El tribunal ha considerado a Chaves y Griñán, ambos expresidentes también del PSOE, responsables del sistema de ayudas públicas que la Junta andaluza instauró durante una década (2000-2009) para beneficiar a empresas en crisis y garantizar la paz social evitando su cierre. Los jueces creen que Chaves, como presidente del Gobierno andaluz, no solo conoció y permitió el sistema de subvenciones irregular sino que le creen responsable del cambio del mecanismo de pago de las ayudas a empresas en crisis para que se hiciera a través de las llamadas transferencias de financiación, un sistema que dificultaba el control por parte de la Intervención General.
La Justicia mantiene abiertas otras 146 causas vinculadas al caso de los ERE, con un total de 507 imputados.
PP y Cs piden la dimisión de Sánchez
El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, dijo que la sentencia permite “dar carpetazo a un caso abusivamente esgrimido por el PP para desviar la atención de su propia corrupción sistémica” y marca diferencias con los populares porque el Partido Socialista no ha sido investigado ni condenado.
El PSOE de Andalucía defendió la “honradez y honorabilidad” de Chaves y Griñán, resaltando que el fallo prueba que “no se han enriquecido ilícitamente”.
El PP y Cs solicitaron la dimisión del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. El líder del PP, Pablo Casado, le pidió que sea “coherente” y “asuma responsabilidades” por la sentencia, ya que llegó al poder “censurando injustamente al PP” por la corrupción. El secretario general de los populares, Teodoro García Egea dijo que el jefe del Ejecutivo está “inhabilitado para ser presidente del Gobierno si no habla para dar una explicación” ante “la sentencia más demoledora de la democracia”.
El diputado de Cs, Edmundo Bal, recordó que fue la condena judicial por la trama Gürtel lo que llevó a Sánchez a impulsar la moción de censura que puso fin al Gobierno de Mariano Rajoy en 2018. Por eso ahora “debería, en pura coherencia, presentar su dimisión”.
El líder de Vox, Santiago Abascal, cree que las condenas muestran “la realidad del socialismo: gastarse en drogas y burdeles el dinero del pueblo, al que se deja en la miseria”.
El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, condicionado por el acuerdo con el PSOE que le garantiza la vicepresidencia del Gobierno, quitó hierro al asunto, señalando que la sentencia es el retrato de una época, la del bipartidismo, que “trajo corrupción y arrogancia”. Apuntó que ahora, con el Gobierno de coalición, “se abre la oportunidad de defender la justicia social y garantizar la limpieza de las instituciones”.
