El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y los presidentes de las comunidades autónomas acordaron el pasado 13 de marzo intensificar medidas como rebajas fiscales para amortiguar el impacto de los precios de la energía en los recibos de familias y empresas. Con asistencia de todos los presidentes autonómicos – la primera vez en 10 años de forma presencial-, la Conferencia de Presidentes que se celebró en la isla canaria de La Palma finalizó con una Declaración que apoya un Plan nacional de respuesta a las consecuencias de la guerra de Ucrania en España. Este plan será “abierto y dinámico” y se irá configurando a través del diálogo que el Gobierno desarrollará con las autonomías, las fuerzas parlamentarias y los agentes sociales, “teniendo en cuenta a los colectivos más vulnerables”.
Sánchez se plegó así a la exigencia del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que acudió a la reunión ya como candidato único a la presidencia nacional del PP y que ejerció como el líder de la oposición que será a principios de abril. Feijóo había reclamado previamente rebajas fiscales para aliviar a los ciudadanos y las empresas ante la elevada inflación -agravada con los efectos de la guerra-, las subidas de las materias primas y de la energía. Durante su intervención, el presidente gallego urgió bajar los impuestos de la electricidad, el gas y los combustibles. Y, posteriormente, lamentó que el Gobierno no concretara las rebajas fiscales.
Cabe señalar que la gasolina ha aumentado su precio un 36% en un año, la luz lo ha multiplicado por diez y los alimentos se encarecen un 21%.
En la denominada Declaración de La Palma, suscrita por todos los participantes en la Conferencia, se “condena en los términos más enérgicos” la agresión militar “ilegal, no provocada e injustificada” de Rusia contra Ucrania. El texto expresa también el respaldo al Gobierno de España en su posición ante el próximo Consejo Europeo para que “se adopten medidas para lograr una rebaja de los precios de la energía” y el acuerdo de “impulsar la ejecución de los fondos europeos por parte de todas las Administraciones públicas”, dejando “al margen las discrepancias partidistas” sobre este asunto.
Finalmente, recoge el acuerdo que para “gestionar de forma coordinada la acogida de refugiados ucranianos”, “se habilitarán medios de financiación para hacer frente a los costes que se ocasionen a este respecto”. El jefe del Gobierno central -que avanzó un conflicto militar largo- adelantó que España dispondría en estos momentos de más de 18.000 plazas de acogida y que la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) enviará a Ucrania un primer paquete de ayuda humanitaria de 23 millones de euros, el mayor realizado a un solo país. Los representantes autonómicos reclamaron fondos del Estado para atender a los refugiados. Igualmente, Pedro Sánchez pidió a los líderes autonómicos corresponsabilidad en el reparto de inmigrantes menores no acompañados.
La Conferencia de Presidentes de La Palma, en la que participaron junto a Sánchez nueve miembros del Gobierno -ninguno de ellos de Podemos-, contó al inicio de la jornada con la presencia del Rey de España, Felipe VI, que mantuvo una reunión con los participantes a la que no asistió por voluntad propia el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès. Un día antes, los Reyes y los asistentes a la Conferencia participaron en un acto de homenaje al pueblo de La Palma por su comportamiento durante la erupción del volcán de Cumbre Vieja.
El hecho de que no asistiera a la Conferencia ningún ministro de Podemos ni la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, resultó llamativo después del enfrentamiento en el seno del Gobierno por el envío de armas al Ejército ucraniano. El sector del PSOE, encabezado por Sánchez, apostó por esta iniciativa que el lado podemita criticó aunque posteriormente rectificara.
