Las personas ingresadas en centros penitenciarios, así como en los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) y de Atención Temporal para Extranjeros (CATE) contarán con un servicio de orientación jurídica que pondrá en marcha la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias junto con el Colegio de Abogados de Las Palmas.
Para la organización y prestación del servicio de orientación y asistencia jurídica, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, firmó, a propuesta de la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet, la orden por la que concede una subvención directa, con carácter excepcional de interés público, de 30.000 euros al Colegio de Abogados de Las Palmas. El período de realización de la actividad objeto de subvención abarca del 20 de julio al 31 de diciembre de 2021.
Bonnet especifica que el proyecto se inicia con el Colegio de Abogados de Las Palmas, pero es intención del Gobierno de Canarias extenderlo al ámbito de todos los colegios de abogacía de Canarias, de tal forma que todas aquellas personas que pasen por las mismas situaciones en distintas islas reciban la adecuada asistencia y asesoramiento.
El servicio, detalla, se prestará por abogados especializados que deberán superar una formación específica para tal fin, que actualmente se está diseñando y se impartirá en la primera quincena de septiembre, de tal manera que la asistencia jurídica sea efectiva a partir de la segunda quincena de dicho mes.
La viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, destaca la importancia de que el proyecto cuente con la participación de Acnur, organización que ofrecerá sus recursos y conocimiento, tanto en la formación de profesionales, como con un servicio de intérpretes cualificados y capacitaciones y con apoyo técnico en materia de protección internacional para las personas refugiadas y migrantes que se encuentren en los CIE y CATE.
Personas internas en centros penitenciarios
Mediante esta actuación, se prestará inicialmente servicio de orientación y asesoramiento jurídico penitenciario a las personas internas recluidas en los centros penitenciarios situados en el ámbito competencial del Colegio de Abogados de Las Palmas (Las Palmas I y II, así como, en el caso de Fuerteventura, la prisión de Tahiche en Lanzarote).
El contenido de esta asistencia se centrará en el asesoramiento sobre su situación penitenciaria, obtención de permisos y posibilidades de progresión de grado, asistiendo a las personas internas en la elaboración de peticiones y recursos dirigidos tanto al Centro Directivo como al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria; y asesoramiento en materia de régimen penitenciario y sistema disciplinario, asistiendo en la elaboración de alegaciones y recursos en los expedientes disciplinarios que se les incoen.
Asimismo, se orientará sobre la situación penal de cada persona interna, en particular en materia de acumulación de penas, sustitución y suspensión de las penas privativas de libertad; y se contactará con el representante legal que tenga designada la defensa y representación de la persona interna con el fin de garantizar la asistencia letrada efectiva y la presentación de los escritos y recursos necesarios para garantizar sus derechos o promover su designación para el caso de que carezca de asistencia letrada o no esté siendo efectivamente prestada.
Personas refugiadas y migrantes
El proyecto incluye la prestación del servicio de orientación y asesoramiento jurídico para las personas refugiadas y migrantes que se encuentran dentro de los Centros de Internamiento de Extranjeros y Centros de Acogida Temporal de Extranjeros del ámbito competencial del Colegio de abogados de Las Palmas. En concreto, actualmente en el CIE Barranco Seco y el CATE Barranco Seco y El Matorral de Fuerteventura.
El contenido de esta asistencia se basará en entrevistas con las personas detenidas en los centros para conocer sus circunstancias personales concretas, con el fin de determinar si concurren supuestos que permitan solicitar y obtener residencia legal en España o protección internacional; así como en asesorar a dichas personas en materia garantías legales en materia de extranjería.
Además, las personas refugiadas y migrantes recibirán información y asesoramiento en materia de derechos, el procedimiento de asilo y la posibilidad de presentar denuncias y quejas ante el Juzgado de Control de los CIEs.
Este proyecto se llevará a cabo en cumplimiento y consonancia con una proposición no de ley, aprobada por la Cámara autonómica, sobre orientación y asistencia jurídica a personas internas de centros penitenciarios y centros de inserción social que requería del Gobierno de Canarias el impulso de las actuaciones necesarias para dotar económicamente estos servicios.
Bonnet precisa que su objeto, no obstante, y dadas las particulares circunstancias concurrentes, se ha extendido, no solo a las personas internas en centros penitenciarios, sino también a las que se encuentren en centros de internamiento de extranjeros donde las necesidades de asesoramiento y las circunstancias de vulnerabilidad son, si cabe, mayores.
