Galicia recurrirá ante el Tribunal Constitucional la Ley de cambio climático del Estado

Y el Gobierno central hace lo propio con la Lei de Saúde Pública de la Comunidad

La conselleira do Mar, Rosa Quintana, anunció el pasado 7 de abril que la Xunta recurrirá ante el Tribunal Constitucional el anteproyecto de Ley de cambio climático impulsado por el Gobierno central si el día 8 era aprobado por el Congreso de los Diputados sin modificar su redacción actual, como ocurrió. La titular de Mar recordó que hay dos informes -de la Asesoría Jurídica de la Xunta y del Consello Consultivo de Galicia- que consideran inconstitucional la normativa promovida por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico por la redacción actual de los artículos 18.3 y 18.4, que ponen en riesgo el futuro del complejo mar-industria de Galicia.

La representante del Ejecutivo gallego incidió en que esos puntos de la normativa aplican un efecto retroactivo que afectaría tanto a los plazos de duración de las concesiones como de las prórrogas otorgadas a las instalaciones asentadas en terrenos de dominio público marítimo-terrestre, lo que genera inseguridad jurídica en el sector y retrae la realización de inversiones.

Rosa Quintana reprobó también la actuación del Gobierno por querer reformar la legislación en materia de Costas por la puerta de atrás, a través de la Ley de cambio climático. “Si se quiere hacer una modificación de la Ley de costas, pongámonos a trabajar en ella pero no introduzcamos cambios en otra ley, que nada tiene que ver, generando inseguridad jurídica a las industrias que están trabajando perfectamente en nuestra costa”, aseveró la titular de Mar.

Al mismo tiempo lamentó que Galicia lleva dos años advirtiendo de que esta ley es perjudicial para el complejo mar-industria de Galicia así como que el Ejecutivo gallego participó en todas las mesas de trabajo a las que fue convocado y presentó los informes y los alegatos correspondientes con el objetivo de paliar los efectos negativos de esta normativa. No obstante, añadió, sus aportaciones no fueron atendidas por el Gobierno central al igual que tampoco escuchó al sector afectado.

La conselleira destacó además que las empresas asentadas en el litoral de Galicia superan todas las inspecciones tanto en materia de medio ambiente como técnico-sanitarias y que la calidad de las aguas ha mejorado mucho en los últimos años, por lo que no tiene sentido poner obstáculos al desarrollo de la actividad de producción y transformación de productos del mar en las villas costeras de Galicia. “No conocen la realidad de Galicia y por eso los invito a visitarnos pues la propia Unión Europea reconoce que estamos haciendo las cosas bien”, aseguró Rosa Quintana.

Seguridad jurídica

La representante de la Xunta incidió en que Galicia seguirá trabajando de la mano del complejo mar-industria de la Comunidad con el objetivo de darle seguridad jurídica y garantizar la continuidad de las más de un centenar de industrias asentadas en el litoral que están en riesgo así como el futuro de otras 5.000 edificaciones (entre las que se encuentran colegios y centros de salud) situadas en terrenos de dominio público marítimo-terrestre.

Por su parte, el Gobierno central acordó interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la Lei de Saúde de Galicia, según anunció la ministra portavoz, María Jesús Montero, tras el Consejo de Ministros del pasado 30 de marzo. El Ejecutivo central plantea la impugnación al considerar que la norma autonómica gallega introduce restricciones y limitaciones a los derechos fundamentales que según el artículo 81 de la Constitución española están reservadas a una Ley Orgánica.

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento gallego, Pedro Puy, mostró su “sorpresa” por esta decisión y criticó que “no son formas propias de un Gobierno central que dice que confía en las comunidades autónomas y apuesta por la cogobernanza” la presentación del recurso “por la vía rápida y evitando cualquier diálogo con la Comunidad gallega para debatir sobre la constitucionalidad” de este texto legislativo.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tildó la presentación del recurso de “lamentable” y de “noticia francamente decepcionante”, al tiempo que defensió la constitucionalidad de la norma. Asimismo, defendió la necesidad de sentarse en la Comisión Bilateral para analizar el texto sin “judicializarlo”.

Finalmente, en el apartado de discrepancias con el Gobierno, la Xunta lamentó que el reparto de fondos del Estado para las ayudas frente a la Covid-19 no sea realista y proporcional al número de autónomos y microempresas. La conselleira de Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, criticó que los criterios del Ejecutivo central para la distribución del dinero no respondan a la finalidad de las ayudas que van dirigidas a dar liquidez a autónomos y microempresas. Y destaco que Galicia recibirá 234,4 millones de euros cuando le corresponderían, como mínimo, 340 millones.

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