El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, solicitó la colaboración del Gobierno central para una transición ecológica que ampare los intereses energéticos e industriales de Galicia. En el encuentro que mantuvo el pasado 8 de noviembre con la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, Rueda obtuvo compromisos en asuntos estratégicos para la Comunidad Autónoma.
El presidente del Ejecutivo autonómico requirió al Gobierno central más flexibilidad en los plazos de tramitación de los proyectos de energía eólica previstos en la Comunidad, especialmente aquellos con vinculación industrial. Pidió a la ministra “ir de la mano” en la tramitación de las autorizaciones que permitan resolver un asunto clave para el futuro industrial de Galicia.
El mandatario de la Xunta indicó que Galicia está en disposición de convertirse en un referente nacional en la eólica marina, por lo que pidió una implicación más intensa del Gobierno central con la tramitación del marco normativo necesario. En este sentido, la vicepresidenta tercera se comprometió a aprobar antes de que finalice este 2022 el plan que ordenará el desarrollo de estos parques.
Asimismo, el presidente del Gobierno gallego y la vicepresidenta tercera del Ejecutivo central abordaron la planificación de la distribución eléctrica, que -tal y como enfatizó Rueda- es fundamental para dar cobertura a la industria gallega, tanto la que ya está asentada en la Comunidad como la que quiere hacerlo. Ribera se comprometió a estudiar una relación de necesidades prioritarias de Galicia que le trasladará el presidente, entre las que se encuentra la de muy alta tensión que necesita la planta de Stellantis en Vigo.
Rueda se interesó especialmente por el proyecto de la multinacional Altri para instalarse en Palas de Rei, que precisa de la llegada de los fondos europeos. Incidió en que se trata de una iniciativa de economía circular con una inversión de más de 800 millones de euros que permitirá la creación de 2.500 empleos y que resulta “estratégica” para Galicia. Rueda pidió garantías y financiación para esta iniciativa y agradeció que Teresa Ribera se comprometiera a estudiar en profundidad una planta de fibras textiles sostenibles que será “buena para Lugo, para Galicia y para toda España”.
Gestión del litoral
A pesar del buen tono del encuentro, no fue posible llegar a un acuerdo en uno de los asuntos en los que el Gobierno gallego discrepa del central: la gestión del litoral. Si bien Teresa Ribera entendió la importancia de la actividad vinculada con la costa en Galicia, no accedió a desbloquear la transferencia de las competencias sobre el Dominio Público Marítimo-Terreste. El presidente de la Xunta recordó que están en juego 4.000 edificaciones y un centenar de empresas, por lo que le comunicó el inicio de la tramitación de la Ley de ordenación del litoral para definir desde Galicia los usos y actividades permitidas en la costa y le pidió la retirada del Reglamento general de Costas, ante el que la Xunta interpuso un recurso ante el Tribunal Supremo. El presidente de la Xunta advirtió que de no llegar a un acuerdo, “Galicia seguirá defendiendo sus intereses como hizo hasta ahora”.
Posteriormente, el día 17, el Consello da Xunta evaluó en su reunión las prioridades del Gobierno gallego de cara a la modificación de la planificación de la red de transporte eléctrica de la Comunidad, proyectos que la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, se comprometió a estudiar, tras la reunión mantenida con el presidente gallego. Rueda explicó que la Xunta va a enviar “de inmediato” un documento con las modificaciones que considera necesarias en la red eléctrica, “esperando que sean tenidas en cuenta y se hagan las actuaciones necesarias para hacerlas realidad”.
“El objetivo es contar con una red eléctrica que permita llevar a cabo proyectos estratégicos y tractores para Galicia”, indicó Rueda, quien recordó que la anterior Planificación Eléctrica para el período 2021-2026 dejó “fuera a algunas industrias” que planean inversiones claves en la Comunidad y no incluía a nuevos proyectos que surgieron desde entonces.
En esta lista de prioridades, que según explicó Rueda se va trasladar al Gobierno central, destacan infraestructuras que serán claves para garantizar la viabilidad y competitividad de proyectos industriales intensivos en energía que se quieren implantar en Galicia y que precisan de la conexión a la red eléctrica como son el caso de Altri, Showa Denko o la planta de hidrógeno verde de As Pontes, entre otros, además de mantener la demanda histórica de la subestación de Vigo.
Listado detallado
Así, se solicita la construcción de una nueva subestación eléctrica, una línea de conexión y una entrada y salida a la línea de 220kV existente Mesón do Vento-Belesar para que Altri pueda operar en condiciones óptimas.
El área de A Coruña cuenta con varios proyectos industriales como la nueva fábrica de ánodos de grafito para baterías de Showa Denko o la planta de amoniaco verde de Armonía que hacen necesario ampliar las capacidades actuales. De este modo se proponen que Red Eléctrica Española amplíe la capacidad de la subestación existente de 220kV. Meirama es otra de las localizaciones que precisará ampliar la subestación actual, ya que se prevén proyectos como la planta de generación de hidrógeno verde promovida por Repsol, Naturgy y Reganosa.
Con respecto a la zona de As Pontes -donde se pretenden implantar iniciativas como la fábrica de hidrógeno verde de EDP y Reganosa -H2Polen-, la biofábrica de Ence o la central hidroeléctrica reversible promovida por Magtel- es necesario determinar el destino de los 1400 MW de capacidad disponible en el nudo existente para ver la compatibilidad en el proceso de desmantelamiento parcial de la central térmica de As Pontes con los proyectos industriales y energéticos que se quieren desarrollar en la zona.
Además, la Xunta vuelve a insistir en la inclusión de la nueva subestación de 220kV para la zona industrial de Vigo. Se mantiene como prioridad la garantía de un suministro eléctrico de calidad tanto para la fábrica de Stellantis en Vigo, como para toda el área industrial de la zona. “Es una demanda histórica”, recordó Rueda.
El Gobierno gallego dará traslado de estas medidas con el objetivo de que el Ejecutivo central pueda aprobar las modificaciones necesarias en la planificación actual para dar viabilidad a proyectos tractores que Galicia está impulsando. En este sentido, la Comunidad fue muy penalizada en la actual planificación eléctrica 2021-2026, aprobada en marzo de este año, pues solo se le asignó un 1,1% del total frente a la planificación anterior en que recibió un 6,7%.
Estas propuestas son fundamentales para dar cobertura a la industria gallega -la ya asentada y la que quiere implantarse en la Comunidad- y para hacer frente a la transición energética, ya que se trata de infraestructuras clave para impulsar la recuperación económica. El Gobierno gallego considera que la planificación debe adaptarse a las nuevas necesidades industriales y de generación de energía para acompañar a las empresas ofreciendo seguridad y certezas para hacer frente a los cambios del contexto actual.
Apoyo al desarrollo de ocho nuevos proyectos eólicos
El Consello da Xunta acordó seguir apoyando el desarrollo eólico en Galicia vinculado a proyectos industriales. En concreto, con la decisión adoptada el día 17, el Gobierno central ya puede tramitar ocho nuevos parques con los que las empresas Alcoa San Cibrao y Sentury Tire podrán acceder a energía verde a un precio más competitivo. Galicia se acoge así, por tercera vez, a la figura de la excepcionalidad -tras el acuerdo respecto a dos proyectos eólicos que podrían beneficiar a la planta de Showa Denko en A Coruña y otros tres a la de Alcoa San Cibrao-.
Esta posibilidad está recogida en la ley para declarar estos seis parques promovidos por Enel Green Power -Badulaque (90MW), Barqueiro (150MW), Santuario (180MW), Tesouro (60MW), Moeche (53MW) y Caveiro (72MW); con una inversión total de 579,6 millones de euros- y los dos nuevos de Greenalia -Levante (106,4MW) y Boura (72,8MW); con una inversión asociada de 127 millones- como proyectos con una clara incidencia territorial por su entidad socioeconómica y con una función vertebradora y estruturante del territorio, lo que permitirá -en caso de aprobarse- su ejecución fuera de las áreas del Plan sectorial eólico de Galicia. Al tratarse de proyectos eólicos de tramitación estatal, ya que cada uno de ellos supera los 50MW, Galicia espera la sensibilidad del Gobierno central para agilizar los parques y, de esta manera, apoyar una industria electrointensiva como es Alcoa y una iniciativa declarada proyecto industrial estratégico como Sentury Tire que también aspira a captar fondos europeos.
