Galicia recibirá 224,5 millones de euros por la sentencia del IVA correspondiente al mes de diciembre de 2017. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado 24 de febrero una orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública con el importe a abonar a cada comunidad autónoma. La cantidad para Galicia asciende a 211 millones de euros más los intereses de demora, lo que coincide con los cálculos realizados por la Xunta. De los 185 millones de euros que el Gobierno central tendrá que abonar a las comunidades autónomas en concepto de intereses de demora, a Galicia le corresponden unos 14 millones.
La sentencia 553/2021, de 23 de abril, del Tribunal Supremo dio la razón a Galicia en su reclamación de la mensualidad del IVA correspondiente al mes de diciembre de 2017 y reconoció el derecho a que la Comunidad fuese compensada por esa mensualidad que no ingresó el Ejecutivo central y a pagarle los intereses de demora. Dicha resolución judicial acreditó que el Gobierno central vulneró el derecho a la autonomía financiera de la Comunidad, que esa actuación originó un quebranto económico a la hacienda autonómica, y que se produjo un enriquecimiento indebido para la Administración del Estado.
La Xunta actuó siempre con la máxima lealtad institucional y por eso Galicia fue la primera comunidad en advertir de esta situación en julio de 2018 y reclamar, tal y como acreditan los hechos probados en la sentencia, la mensualidad correspondiente al IVA de 2017 que el Gobierno central tenía que haber transferido en el año 2019 en cumplimiento del sistema de financiación autonómica.
Además, elaboró informes jurídicos que facilitaban una solución; exigió conocer los informes jurídicos en los que el Estado apoyaba su posición y aportó los suyos; incluso redactó una propuesta normativa para solucionar esta cuestión que fue remitida al Gobierno y que no fue tomada en consideración; e impulsó la aprobación de resoluciones en el Parlamento de Galicia en apoyo a esta reclamación.
En definitiva, Galicia lideró la reclamación y la solución. Y estos recursos retenidos por el Ejecutivo central se transferirán a todas la comunidades, acudieran o no a los tribunales.
