Galicia mantiene su postura contraria a la senda de ampliación de déficit propuesta por el Gobierno central para 2019 porque incrementar el déficit supone incrementar la deuda que tendrían que asumir los gallegos y Galicia está trabajando en el sentido contrario, es decir, en la reducción progresiva de su endeudamiento. Por esta razón, Galicia reiteró su voto en contra en el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado el 22 de agosto por vía telemática.
La senda presentada de nuevo por el Gobierno central apuesta por aumentar el déficit y el recurso al endeudamiento en un escenario de fuerte recuperación económica y en un contexto en el que todos los organismos públicos dedicados a la prospectiva económica recomiendan reducir el peso de la deuda pública y conseguir el equilibrio estructural de las finanzas públicas.
Galicia estima que esta pospuesta de ampliar los objetivos de déficit es una medida pro cíclica que pone en riesgo el proceso de consolidación fiscal, que no se traduce en una mayor capacidad de gasto real para atender las necesidades de las comunidades autónomas y que solo anticipa futuras subidas de impuestos.
Así, la Xunta considera que la actual propuesta no garantiza la sostenibilidad del Estado de bienestar en un momento en el que las comunidades autónomas lo que precisan son más recursos para poder financiar sus políticas de gasto, especialmente las destinadas a gasto social, sanidad y educación.
Pérdida de recursos
Por el contrario, la Xunta subraya que lo prioritario en este momento es solucionar el descenso de ingresos que recibirán las comunidades autónomas en 2019 por motivo de la falta de liquidación de una mensualidad correspondiente al IVA del ejercicio 2017, y que para Galicia tendría una afectación negativa de unos 200 millones de euros procedentes del sistema de financiación autonómica.
En este sentido, el presidente de la Xunta ya se reunió con la ministra de Hacienda para abordar esta problemática que afecta a todas las comunidades autónomas, y la ministra se comprometió a buscar una solución con el objetivo de que las comunidades puedan aprobar sus presupuestos para 2019 lo antes posible.
Hay que tener en cuenta que un descenso en los recursos del sistema de financiación autonómica tendría una grave afectación sobre la financiación de los servicios públicos en el próximo año, toda vez que estos ingresos vienen representando en los últimos años alrededor del 80% del total del Presupuesto de la Comunidad Autónoma.
