El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, urgió a construir una posición sólida a nivel nacional contra el veto de la Unión Europea a la pesca de fondo. El titular del Ejecutivo autonómico, acompañado por la conselleira do Mar, Rosa Quintana, se reunió el pasado 20 de septiembre con los expertos y juristas de la Fundación MarInnLeg, del Instituto de Estudos Europeos Salvador de Madariaga de la Universidade da Coruña y con distintos representantes de la flota afectada tendiendo la mano al sector y recordó que se trata de un asunto que no solo perjudica a Galicia sino también a otras comunidades, por lo que el recurso del Gobierno de España está más que justificado.
Ante la decisión de la Comisión Europea (CE) de cerrar el acceso de la flota de arrastre a 87 zonas protegidas en aguas comunitarias del Atlántico Nororiental, Alfonso Rueda incidió en que en esta reunión se analizaron todas las vías legales disponibles para frenar este “error histórico” y el “golpe mortal” que este veto supondría para la flota gallega pues afectaría a unos 200 barcos de capital gallego de manera directa y al alrededor de un millar de manera indirecta.
Por eso, comprometió todo el apoyo de la Xunta tanto al posible recurso del Estado como a las medidas legales que adopten las empresas armadoras por su cuenta. Además, distintos representantes del sector recordaron que no hay informes biológicos y socioeconómicos que avalen el veto. De hecho, la Comisión Europea incumplió su compromiso de revisar la norma atendiendo a nuevos datos e informes científicos.
El reglamento 2022/1614 de la Comisión Europea, tras salir publicado el día 19 en el Diario Oficial de la UE, entra en vigor a comienzos de octubre de este año.
Por otro lado, Alfonso Rueda, anunció el pasado día 15 que la Xunta impulsará la redacción de la que será la primera ley de ordenación del litoral de Galicia con el objetivo principal de buscar el autogobierno pleno y la ordenación de la franja costera y de asumir el papel de gestión que le corresponde en el ejercicio de una de sus competencias exclusivas más significativas e identitarias.
El presidente del Ejecutivo autonómico recalcó que su Gobierno pretende resolver de este modo los problemas que está causando la interpretación cada vez más restrictiva de la Ley de costas impuesta por parte del Estado, lo que limita el ejercicio de las competencias exclusivas en esta materia.
“Nadie conoce la costa gallega mejor que los gallegos”, destacó antes de señalar que los objetivos son regular la franja litoral desde Galicia partiendo de una perspectiva ambiental, social y económica, otorgarles seguridad jurídica a los titulares de instalaciones en dominio público y definir qué actividades puede albergar cada tramo.
