Galicia destinará 125 millones de euros a reforzar el gasto en Sanidad, Educación y Servicios Sociales

Utilizará el 100% del superávit contable de 2018 gracias a la Ley de refuerzo de actuaciones prioritarias

El presidente Núñez Feijóo en la rueda de prensa del Consello del 2 de mayo.

El presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, avanzó el pasado 25 de abril la aprobación, en el Consello de la Xunta, del anteproyecto de Ley de refuerzo de actuaciones prioritarias que permitirá utilizar el 100% del superávit contable de 2018, 125 millones de euros, para reforzar el gasto social en Sanidad, Educación y Servicios Sociales públicos. Durante su intervención, precisó que esta herramienta “alternativa, legal y que se puede aprobar sin necesidad de autorización del Gobierno central”, servirá para que Galicia disponga de una capacidad de gasto adicional de 130 millones de euros, ya que al superávit de 2018 se le unen otros 5 millones por ahorros de gasto financiero.

De este modo, a través de esta ley se autoriza un suplemento de crédito que tendrá un triple objetivo: llevar a cabo actuaciones en los servicios públicos, prioritarias y previstas para los próximos años, y que ahora se podrán adelantar ya a 2019; reforzar la atención primaria en el Servizo Galego de Saúde, para afrontar la nueva planificación y los retos en los próximos años; y todo esto empleando el superávit sin penalizar el cumplimiento de las reglas fiscales para este año y sin esperar a que España recupere la estabilidad.

Urgencia de iniciativas

“En definitiva, pensamos que Galicia no puede esperar más, no puede verse perjudicada por la inestabilidad de la política estatal. Y, no puede esperar más porque tiene recursos para hacer frente a actuaciones prioritarias y, por eso, el Consello de la Xunta acaba de aprobar este proyecto de ley”, ahondó, refiriéndose, además, a varias razones de operatividad que justifican la urgencia de que estas actuaciones se puedan hacer lo antes posible, como es el hecho de que las inversiones en centros educativos y en escuelas infantiles públicas se tengan que hacer en el período vacacional de verano; “y queremos reforzar lo antes posible la Atención Primaria, tanto en el ámbito del personal como de equipamiento”, reiteró.

Tras el buen cierre del ejercicio presupuestario de 2018, el Feijóo hizo hincapié en que este mecanismo alternativo permitirá acometer una serie de operaciones de reordenación del endeudamiento del sector público autonómico que genera ahorros en las cargas fiscales futuras, y posibilita una serie de disponibilidades crediticias que permiten financiar nuevas actuaciones prioritarias. Este nuevo crédito se financiará reorientando el gasto dedicado a amortizar deuda de la Comunidad -concretamente, de las entidades SPI y Xestur-.

“En resumen, utilizaremos el superávit para reducir la deuda de la Comunidad y así liberamos créditos presupuestarios con los que financiaremos nuevas inversiones en Sanidad, Educación y en los Servicios Sociales públicos”, señaló, explicando que de esos 130 millones de euros: 96 estarán recogidos expresamente en este proyecto normativo y se invertirán entre este año y el que viene; y 34 millones quedarán disponibles en la Sociedad Pública de Inversiones.

Distribución este año

En relación a la distribución del superávit en este 2019, Feijóo precisó que a la Sanidad Pública se destinarán 22 millones para un aumento de plazas de personal en la Atención Primaria -más de 200 entre 2019 y 2020-; mejora de equipamiento de centros de salud y hospitales, construcción de nuevos centros; y mejora del transporte sanitario urgente. “Esto supone, en definitiva, en la Sanidad pública más de 40 millones de euros entre los años 2019 y 2020”, detalló.

En el ámbito de la Educación Pública, este año se invertirán 22,7 millones en la mejora de instalaciones, con actuaciones en 22 colegios e institutos. Y, en relación a los Servicios Sociales Públicos, se destinarán 6,2 millones de euros a actuaciones de mejora de las instalaciones de las escuelas infantiles, centros de mayores y residencias. Asimismo, se destinará una aportación de 3 millones de euros para actuaciones en el medio rural.

Cabe subrayar que parte de las actuaciones se encuadrarán como inversiones financieramente sostenibles, por lo que su ejecución no afectará al cumplimiento de la regla de gasto en 2019, tal como permite el real decreto que el Gobierno aprobó a instancias de Galicia. “Con esta ley invertiremos, por lo tanto, 96 millones de euros: 48 millones este año y otros 48 millones en 2020. Y, además, quedará disponible una capacidad adicional de inversiones de otros 34 millones -17 millones cada año-, que no tienen que formar parte de esta ley y con los que se financiarán otras actuaciones a lo largo del ejercicio a través de la Sociedad Pública de Inversiones”, dijo como resumen.

Anticipo de tesorería de 26 millones para agilizar la licitación de obras

El presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, avanzó el pasado 2 de mayo la aprobación, en el Consello de la Xunta, de un anticipo de tesorería de 26 millones de euros para agilizar la licitación de obras con cargo al superávit de 2018, incluidos en el proyecto de Ley de refuerzo de actuaciones prioritarias, aprobado una semana antes, e incidió en que se busca “gastar el dinero de Galicia en los servicios públicos de Galicia”.

Feijóo detalló que, por una parte, se destinarán cerca de 22 millones de euros a la Consellería de Educación con el fin de realizar obras de mejora de instalaciones educativas. En concreto, se acometerán actuaciones en 22 colegios e institutos públicos. Estas actuaciones deben ser licitadas de forma inmediata para que las obras puedan ser ejecutadas entre los meses de julio y agosto.

Por otra parte, se destinarán 1,3 millones de euros para anticipar crédito para la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) para reforzar el Plan de fomento de la educación digital, al que está previsto destinar una inversión global de 6,3 millones de euros.

Por último, la Consellería do Medio Rural dispondrá de 3 millones de euros para actuaciones de defensa del monte para mejorar la operatividad del Servicio de prevención y defensa contra los incendios.

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