Una vez que buena parte de los 27 Estados miembros -entre ellos, España- presentaron a la Comisión Europea sus propuestas de planes de recuperación, el Comité Europeo de las Regiones (CdR) llama ahora la atención sobre la necesidad de que los entes locales y regionales, que están en primera línea de la gestión de la pandemia, estén plenamente implicados en la ejecución de estos planes. Así lo plasmaron a finales de mayo en una declaración política apoyada por el representante gallego, el director xeral de Relacións Exteriores e coa UE, Jesús Gamallo. “La Comisión Europea está evaluando minuciosamente estos planes. Lo que le pedimos hoy es que extreme la vigilancia respecto al deber que tienen los Estados de consultar con las regiones y municipios para la preparación y aplicación de estos planes”, explicó Jesús Gamallo.
La representante de la Comisión Europea, Céline Gauer, explicó, por su parte, cómo los planes tuvieron que ser elaborados en un tiempo muy corto, hecho que impidió en algunos casos un amplio diálogo con todas las partes interesadas pero que, a pesar de esto, valoran positivamente la implicación subestatal conforme a los marcos jurídicos de cada Estado miembro. Gauer anunció, además, que el proceso de ratificación de la decisión de recursos propios concluía a finales de este mes, por lo que la Comisión Europea comenzaría a emitir deuda pública para conseguir en los mercados los 750.000 millones de euros previstos.
Esta declaración vino acompañada de un debate con la ministra de Cohesión Territorial de Portugal, Ana Abrunhosa, como representante de la Presidencia de turno de la UE, el presidente de la Comisión de Desarrollo Regional del Parlamento Europeo y el presidente del Comité Europeo de las Regiones. Uno de los temas destacados fue la necesidad de asegurar la complementariedad entre los fondos tradicionales de cohesión (Feder y FSE) con estos nuevos recursos de Next Generation UE, evitando a toda costa el solapamiento y la competencia entre ellos.
En la declaración, el CdR pide también a los colegisladores de la Unión que consideren la posibilidad de prorrogar las actuales medidas excepcionales de flexibilidad en el uso de los fondos estructurales, como el 100% de cofinanciación, y que se contemple un aumento temporal del umbral de las ayudas estatales de mínimos para poder seguir apoyando al sector sanitario, las pymes y los servicios públicos, sometidos a fuertes tensiones durante la pandemia.
