El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, trasladó el pasado 10 de mayo al Gobierno de España el desacuerdo con los criterios de reparto del fondo de 16.000 millones de euros e incidió en que se modifiquen para conseguir un reparto equilibrado entre las comunidades.
Durante la videoconferencia con el Ejecutivo central y los otros presidentes autonómicos, Feijóo reiteró su discrepancia profunda de que dentro del criterio sanitario solo se tenga en cuenta el número de camas hospitalarias y de camas de UCI utilizadas, ya que esta medida, explicó, perjudica a aquellas comunidades que, al igual que Galicia, tomaron también otras decisiones para evitar el colapso de los hospitales, como la apertura de residencias integradas, con 250 camas operativas, o el sistema de teleasistencia para el seguimiento de 3.500 pacientes.
Asimismo, el titular de la Xunta expresó la preocupación por los cambios de criterio en relación al Ingreso Mínimo Vital y que pueden provocar un solapamiento de las rentas de integración social de las comunidades, de las pensiones no contributivas de la Seguridad Social y de una renta mínima vital, “que parece ser que puede gestionar el Gobierno central”. Al respecto, Feijóo abogó “por que todo esto se haga de una forma conjunta”, de manera que las comunidades, igual que gestionan las pensiones no contributivas, puedan gestionar la renta mínima que hay en cada autonomía junto con otra renta que puede ser mayor y ampliada por parte del Gobierno central.
Por otra parte, y ante la apertura del período de matrícula escolar, urgió también en la necesidad de avanzar en las directrices para el inicio del próximo curso académico; así como de evaluar el papel de las comunidades en los fondos europeos que recibirá España.
Instrucciones claras y certezas
El presidente de la Xunta aprovechó su intervención para pedir a todos los gallegos la máxima prevención y prudencia a partir del día 11, en alusión al tránsito de Galicia a la fase 1. “La única vacuna es nuestro comportamiento individual y colectivo”, aseveró, al tiempo que defendió la necesidad de contar con instrucciones claras y certezas.
En este sentido, defendió que las comunidades deben estar informadas sobre en qué consiste cada fase para poder prepararse desde el punto de vista sanitario; los sectores productivos precisan protocolos de funcionamiento idóneos; y los ciudadanos necesitan saber qué pueden hacer en cada una de ellas para poder ordenar su vida. Además de insistir en que todos debemos conocer también cuándo se prevé abandonar el estado de alarma, que el Gobierno prevé emplear hasta que finalice la desescalada.
El presidente de la Xunta aprovechó la reunión para trasladar al Gobierno las dudas del pequeño comercio en esta fase 1, sobre cómo cumplir el deber de establecer sistemas que permitan el recuento y control del aforo; así como la preocupación por el hecho de que se permitan rebajas y promociones vía web y no presencialmente.
Por otra parte, defendió la necesidad de que los establecimientos que dispongan de una superficie mayor a la contemplada en la normativa -400 metros cuadrados- puedan reiniciar la actividad reduciendo temporalmente la superficie comercial a ese límite. Y también propuso que, al igual que se permite la apertura de los concesionarios de automoción, se aplique este criterio a establecimientos de venta al por menor de artículos de construcción y saneamiento y maquinaria industrial y agrícola.
Tras conocerse a través del BOE la posibilidad de apertura de los centros de día y de discapacidad, Feijóo confirmó que Galicia no lo va a hacer mientras no cuente con protocolos aprobados por el comité clínico del Sergas: “No podemos improvisar con la población vulnerable”.
En lo tocante a la pesca fluvial y a la caza, el titular de la Xunta pidió al Gobierno que no se adopte ninguna decisión sobre su prohibición mientras no haya un acuerdo bilateral con el Ministerio de Sanidad. Sobre la primera, recordó que se trata de un deporte individual que practican miles de gallegos y, sobre la segunda, aseveró que no tiene sentido que la Comunidad, de acuerdo con los sindicatos agrarios, autorizara batidas de jabalí para preservar los cultivos y que, a partir del día 11, no se puedan hacer.
Por último, se refirió a la situación de los pasos transfronterizos entre Galicia y el norte de Portugal. En este sentido, y después de subrayar que tanto la Comunidad gallega como Portugal cuentan con una situación epidemiológica muy parecida, abogó por unos pasos transfronterizos más permeables.
Criterios de reparto alejados de los vigentes en el sistema de financiación
El conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, ya había trasladado el pasado 4 de mayo al Ministerio de Hacienda que Galicia no comparte los criterios de reparto de los fondos adicionales anunciados por el Gobierno para afrontar la crisis del Covid-19, dado que se alejan de los criterios vigentes en el sistema de financiación autonómica.
En una videoconferencia en la que participaron representantes de las comunidades autónomas y de Hacienda, el ministerio trasladó que los fondos adicionales serán de 16.000 millones de euros y se aprobarán a través de un real decreto-ley con la siguiente distribución: 10.000 millones para gasto sanitario, 1.000 millones para gasto social y 5.000 millones para compensar el descenso de recaudación en los tributos propios.
A este respecto, el Ministerio de Hacienda trasladó los criterios de reparto de los 10.000 millones de gasto sanitario, que se distribuirán por dos criterios: un 28% en función de la población ajustada -es decir, teniendo en cuenta factores como dispersión geográfica o envejecimiento- y el otro 72% por tres indicadores: pruebas PCR, hospitalizaciones e ingresos en UCI.
Sobre esto, el conselleiro señaló que Galicia considera que el criterio de población ajustada está “infraponderado”, y que debería tener un peso mayor en este reparto de fondos, acercándose al 50%. Además, también incidió en que con estos criterios no se tendrían en cuenta el trabajo de las comunidades en ámbitos como la atención primaria y la salud pública.
Además, Valeriano Martínez recordó que el propio Gobierno utilizó recientemente otros criterios distintos en el reparto del Fondo Social extraordinario, en el que el peso de la población ajustada era del 90%. De hecho, el Ministerio de Hacienda confirmó que ese será el criterio de reparto que se usará en el reparto de los 1.000 millones del nuevo fondo social -que irá destinado en exclusiva a las comunidades autónomas, y no a las entidades locales-, mientras que los criterios de reparto de los 5.000 millones por el descenso de recaudación se fijarán en una reunión a posteriori.
El conselleiro de Facenda también demandó que las comunidades autónomas no tengan que asumir en 2022 una liquidación negativa a causa del descenso de recaudación que se producirá en este ejercicio respecto a las entregas a cuenta.
