El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, destacó el 1 de julio en la rueda de prensa posterior al Consello, la enorme “preocupación” de Galicia por el reparto de los fondos distribuidos por el Gobierno central y advierte de que la Comunidad está dejando de recibir 828 millones de euros. “Hasta ahora ya teníamos computada una pérdida de 681 millones de euros de lo que nos correspondía por población ajustada en los fondos Covid de 2020, en el React UE, en el Fondo Covid 2021 y en las ayudas a los sectores afectados”, explicó Feijóo, pero, según el informe analizado ese mismo día en el Consello da Xunta, “comprobamos que de los 15.882 millones de euros transferidos a las comunidades autónomas, Galicia tan sólo recibió el 5,2% del total, correspondiéndonos, de acuerdo al sistema de financiación, el 6,2% del total”. Además, si a esos fondos territorializados sumamos los que se reserva el Gobierno para gestión propia solo va a recibir el 2% del total de fondos que percibirá España.
Ante esta situación, el presidente de la Xunta lamentó que la cogobernanza consista en que la Administración general del Estado se reserve el 61% de los fondos para gestión propia y solo el 35% para gestión autonómica, cuando en las conferencias de presidentes siempre se planteó que sería un sistema mixto, esto es, “50% de la Administración General del Estado y 50% de las comunidades autónomas, dado que gestionamos la mayoría de los servicios públicos”, recordó.
En esa línea, el informe concluye que en el proceso de planificación y diseño del sistema de gestión del Plan España “no hay ningún tipo de cogobernanza”, añadió Feijóo.
De hecho, el presidente de la Xunta lamentó que se esté apostando por un sistema centralizado de conferencias sectoriales mientras que la comisión sectorial de fondos, que eran quien tenía que concretar los criterios, solo se reunió una vez. Ante esto, la Xunta subraya que una asignación deficiente de fondos puede condicionar la recuperación económica de los distintos territorios. “Si el dinero de Galicia se está yendo a otras comunidades autónomas, es evidente que se está produciendo una asimetría en el reparto de los fondos que no podemos aceptar”, afirmó.
Y, para concluir, tras recordar que el Gobierno ya comunicó su decisión de no territorializar los fondos industriales, Feijóo señaló que “decir que tenemos que presentar candidaturas para que posteriormente sea el Gobierno central quien reparta, sin conocimiento previo, sin criterios previos y sin concurrencia competitiva a la totalidad de los fondos de la industria, supone una ruptura clarísima del espíritu de los fondos europeos”.
Durante una reunión el 2 de julio con el secretario de Estado con la Unión Europea, Juan González-Barba Pera, Feijóo aprovechó para incidir en la preocupación de la Xunta ante la decisión del Gobierno de reservar el 61% de los fondos para gestión propia y solo el 35% para las comunidades. Y demandó, nuevamente, un escenario de financiación de los proyectos claro y equitativo entre territorios; no en vano recordó, por ejemplo, la discrecionalidad en el reparto de los fondos para luchar contra la pandemia llevaron a que Galicia dejara de recibir 828 millones más de los que lleva percibido.
A lo largo del encuentro, ambos evaluaron también la candidatura gallega a los fondos europeos Next Generation, integrada por 355 proyectos que aspiran a captar una inversión de casi 20.000 millones de euros.
Las herencias en vida podrían acabar en el Constitucional y el conflicto por la Lei de Saúde
El presidente del Ejecutivo gallego aseveró el pasado 23 de junio que la Xunta seguirá defendiendo el derecho de los gallegos a las herencias en vida. “Es una competencia exclusiva de Galicia, un derecho civil propio y un impuesto cedido a la Comunidad”, remarcó, pidiendo nuevamente al Gobierno central que dé “marcha atrás”, con una rectificación total ante un proyecto de ley que establece una presunción de fraude sobre los herederos. Alberto Núñez Feijóo afirmó que “no estamos de acuerdo, no lo vamos a aceptar y, si fuera necesario, acudiremos al Tribunal Constitucional”, sentenció, recordando que desde 2016, más de 160.000 familias gallegas se beneficiaron de los pactos sucesorios sin tener que pagar ni un solo euro por recibir bienes de un familiar directo.
Ese mismo día, el conselleiro de Sanidade lamentó en el Parlamento la doble vara de medir empleada por el Gobierno central a la hora de aceptar las modificaciones propuestas por las comunidades autónomas, de cara a modificar los textos de sus leyes sanitarias, para optimizar la gestión de la crisis sanitaria. Y reprobó el hecho de que el Gobierno considere que “el Parlamento gallego tiene menos legitimidad que el Parlamento balear”, en alusión a la aprobación de las modificaciones introducidas por el Gobierno de las Islas Baleares, cuando se trata, exactamente, de los mismos párrafos que están incluidos en la ley gallega. Julio García Comesaña remarcó que las decisiones adoptadas contra la normativa gallega responden “exclusivamente a motivos partidistas”, una circunstancia “inadmisible” que deja a Galicia sin las herramientas precisas para gestionar con mayores garantías la pandemia provocada por la covid-19.
Ante este agravio comparativo, anunció que el Ejecutivo gallego ha enviado una carta a los ministerios de Sanidad y Política Territorial solicitando la retirada del recurso interpuesto contra la Ley gallega, y el levantamiento de la suspensión de los artículos referidos a la gestión de la pandemia. El conselleiro, solicitó también un “mínimo de coherencia” al Gobierno central, al no comprender como para una comunidad autónoma un mismo texto normativo es válido, mientras que en otras, es susceptible de recurso.
