El presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, estableció el pasado 4 de septiembre la vuelta a los centros educativos como una prioridad y pidió que se establezca ya un nuevo fondo Covid para el próximo año 2021. “Es imprescindible un respaldo también en el presupuesto del 2021”, aseveró, recordando que la cantidad habilitada para el incremento del gasto covid en la educación, en la sanidad y en los servicios sociales corresponde solo al 2020.
Feijóo aprovechó la videoconferencia con el Gobierno central y los otros presidentes autonómicos para reiterar que Galicia no está conforme con los parámetros de reparto de este fondo, ya que no se tienen en cuenta factores determinantes en la prestación del servicio público educativo como son los costes del transporte escolar o los comedores. “En transporte escolar, Galicia concentra el 21,6% del gasto de toda España y en comedores escolares, concentramos el 10% del gasto estatal, por lo que el reparto es injusto y rompe la equidad del sistema de financiación”, precisó, subrayando que si se empleara el criterio del sistema de financiación autonómica, la Comunidad gallega recibiría 36,3 millones más que los asignados.
Después de recordar que las comunidades vienen reclamando desde la primavera una Conferencia de Presidentes específica para preparar la vuelta a las aulas, el titular de la Xunta sostuvo que esta Conferencia llegaba tarde.
Protocolo ante brotes
De este modo, el presidente animó al Ejecutivo central a que en el Consejo interdepartamental de salud concrete un único protocolo que puedan seguir todas las comunidades ante un brote en un aula: “Estamos hablando de cuándo se debe aislar a los contactos más próximos y cuándo a toda el aula; de cuándo se debe cerrar un centro; de cómo informar a los padres. En definitiva, de concretar aún más el protocolo educativo a través de las autoridades sanitarias”, expuso, refiriéndose también a la necesidad de estudiar qué ayudas o permisos retribuidos se pueden dar a una madre o a un padre con un niño en cuarentena y que no pueda teletrabajar.
Previamente, la Xunta había celebrado el consenso estatal logrado el pasado 27 de agosto en la sesión conjunta de la Conferencia Sectorial de Educación y del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para el inicio del curso escolar, que incorporó la mayor parte de las medidas ya previstas en el Protocolo de la Xunta, avalando los grupos de convivencia estable, el uso obligatorio de mascarillas y la aplicación de test serológicos -que en la Comunidad se han realizado a todo el personal docente y no docente de los centros educativos-, como ya contemplaba el Gobierno gallego.
El inicio del curso escolar está fijado en Galicia a partir del 10 de septiembre, de forma gradual entre el alumnado, y la incorporación de alrededor de 1.000 nuevos docentes al sistema educativo.
Presupuestos
En lo tocante a otro de los asuntos abordados, los fondos europeos, Feijóo urgió la necesidad de que se conozcan los criterios claros de reparto; “y de qué candidaturas y proyectos se puede hablar para que después los proyectos tractores de cada comunidad tengan capacidad de competir entre sí y en la Unión Europea”, añadió.
Asimismo, el presidente del Gobierno gallego reiteró la importancia de conocer las previsiones económicas para 2021 para poder avanzar en los presupuestos. “Estamos hablando de la necesidad de concretar los parámetros para poder elaborar los presupuestos del 2021: el límite de déficit, el porcentaje de deuda pública, el escenario de ingresos, las entregas a cuenta, la liquidación del pasado ejercicio. En definitiva, pedimos herramientas para poder cumplir con nuestra labor de responsabilidad”, remarcó.
Por último, Feijóo concluyó incidiendo en que en la lucha contra la pandemia debe ser clave la legislación sanitaria. Al respecto, confirmó que la Xunta ha elaborado su propuesta para replantear consideraciones y contenidos ante una eventual modificación de la Ley orgánica de salud pública y de la Ley de la jurisdicción contencioso administrativa.
Una propuesta que, según avanzó, será supervisada por el Consello, donde se recoge un catálogo de medidas que pueden ser adoptadas por las autoridades sanitarias para el control de las enfermedades de carácter transmisible, como es el caso de la Covid. En segundo lugar, se introducen las exigencias que hay que cumplir para el establecimiento de límites a los derechos fundamentales y se recoge expresamente en qué supuestos es necesario acudir a la intervención judicial, para poder ratificar las decisiones que las autoridades de salud pública de cada comunidad autónoma adopten.
