El presidente del Gobierno gallego en funciones, Alberto Núñez Feijóo, demandó el pasado 31 de julio, en la Conferencia de Presidentes autonómicos que tuvo lugar en La Rioja, ahondar en una respuesta sanitaria, jurídica, económica y social “conjunta y coordinada”, para salir de una situación económica “muy compleja” y de una pandemia que “aún no derrotamos y en la que queda mucha tarea por hacer”.
“La situación económica es de pronóstico reservado y, por lo tanto, necesitamos políticas de Estado. Ahondar en una respuesta conjunta y coordinada al problema sanitario; al problema jurídico, para ordenar y seguir gestionando la pandemia; y en los ámbitos económicos y sociales, ante los demoledores datos de desempleo y de la caída del PIB”, profundizó.
En cuanto a la cuestión sanitaria, Feijóo trasladó la preocupación por los brotes e incidió en la necesidad de mejorar el plan nacional, además de que se habilite una normativa sanitaria específica para que las comunidades puedan actuar con seguridad jurídica y con criterios de salud pública, por encima de cualquier otro condicionamiento y sin estar sometidas a las autorizaciones judiciales. “No podemos gestionar la salud pública en una pandemia sin tener unas normas jurídicas que faciliten el confinamiento de un edificio, de un barrio o de un municipio”, sentenció.
Asimismo, insistió en la necesidad de contar con un sistema de información razonable, con datos en tiempo real, completos y conocidos por todos. “Este sistema de información impreciso y confuso no ayuda a gestionar la pandemia y supone un coste reputacional para España”, sostuvo.
Para mejorar la prevención y atención sanitaria pidió al Gobierno que dé tres pasos clave: la rebaja del IVA de las mascarillas, que sigue al 21%, cuando su uso es obligatorio; la eliminación de la tasa de reposición en las ofertas públicas de empleo en el ámbito de la salud y de los servicios sociales; y el desarrollo de una app única para facilitar la labor de los rastreadores. Sobre este último punto, valoró el compromiso del Gobierno para su puesta en marcha en el mes de agosto.
Abordar la situación financiera de las comunidades
En lo tocante a los problemas económicos, Feijóo se refirió, además de al nuevo contexto europeo, a los problemas domésticos que hay que aclarar antes de tratar el reparto de los fondos de la UE. Así, en primer lugar, urgió abordar la situación financiera de las comunidades en un Consejo de Política Fiscal y Financiera, y reiteró su disconformidad con el reparto del Fondo de 16.000 millones habilitado para afrontar los gastos de este año.
Ante esta situación, trasladó al Gobierno central la necesidad de prever un Fondo Covid para el presupuesto de 2021. “Y también reclamamos información para poder elaborar los presupuestos para el próximo año”, añadió, subrayando que el Ejecutivo aún no reelaboró el techo de gasto para el año próximo y no se conocen los nuevos objetivos de déficit y deuda.
“En definitiva, estas son las cuestiones domésticas: un nuevo fondo covid en el presupuesto de 2021, similar al de 2020; la posibilidad de tensiones financieras si viene una segunda ola de la pandemia en los presupuestos de las comunidades autónomas; y datos concretos para poder elaborar el nuevo ejercicio presupuestario obligado”, resumió.
Nuevo fondo europeo
Sobre el acuerdo alcanzado en la Unión Europea, Feijóo apeló a que el Ejecutivo central transfiera los nuevos fondos de forma correcta y en base a proyectos que den rentabilidad económica a las comunidades y a la economía del país. Y expresó la voluntad de Galicia de participar de los proyectos tractores y que dinamicen la economía.
En lo tocante al reparto de los fondos de cohesión para el período 2021-2027, pidió que se deje a las comunidades con, por lo menos, el statu quo que mantenían en ejercicios anteriores, dado que el fondo de cohesión es prácticamente el mismo que teníamos en el período anterior.
Feijóo aprovechó el encuentro para referirse nuevamente al primer problema industrial que tiene Galicia: Alcoa, la primera y única fábrica de aluminio primario que existe en España; que da trabajo a más de 1.500 familias y que está a punto de cerrar si no se busca una tarifa eléctrica idónea para que esa factoría se pueda vender y seguir manteniéndose. “No tenemos mucho más tiempo. Si no buscamos una solución en el mes de agosto, en vez de hablar de construcción de empleo estaremos hablando de destrucción de la fábrica más importante de aluminio de España”, concluyó.
