La Federación Española de Asociaciones de Emigrantes y Retornados (Feaer) reclamó una financiación estable por parte del Gobierno central para garantizar la atención que prestan sus entidades a miles de ciudadanos que regresan a España desde el extranjero. Así lo defendió Emilio Almodóvar durante su intervención en el V Pleno del VIII Mandato del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE).
El representante de Feaer destacó la inminente aprobación del Reglamento de la Ley de la Ciudadanía Española en el Exterior, una medida que calificó de “esperanzadora” para las asociaciones de retornados. Según explicó, el nuevo desarrollo normativo permitiría por primera vez que estas entidades accedan a ayudas estatales para sostener una labor gratuita que realizan desde hace años con recursos insuficientes.
Almodóvar recordó que las asociaciones de retornados trabajan diariamente sobre el terreno en colaboración con organismos como la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) o la Agencia Tributaria. Su actividad incluye el asesoramiento gratuito a quienes regresan a España, así como la atención de consultas relacionadas con pensiones, prestaciones, fiscalidad, nacionalidad y reconocimiento de derechos adquiridos en otros países.
La magnitud de esta tarea queda reflejada en las cifras aportadas por la Federación. Solo en 2025 retornaron a España más de 80.000 personas. Además, las entidades integradas en Feaer cuentan con más de 50.000 personas asociadas, un centenar de voluntarios y personal técnico especializado. Sin embargo, la Federación considera insuficientes las ayudas que actualmente reciben de las comunidades autónomas para responder a la creciente demanda.
Junto a esta reivindicación, Feaer defendió la necesidad de que el futuro Plan Estatal de Retorno sirva para armonizar las políticas existentes en las distintas comunidades autónomas. Almodóvar advirtió de que actualmente persisten diferencias en el acceso a determinados derechos y prestaciones según el territorio de residencia, una situación que genera desigualdades entre personas retornadas.
Por ello, la federación aboga por un marco común que garantice la igualdad de trato, la seguridad jurídica y una protección social efectiva para todos los ciudadanos que deciden regresar a España, independientemente de la comunidad autónoma en la que se establezcan.
