La Abogacía del Estado ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que paralice la actividad de las ‘embajadas’ de la Generalitat en Alemania (Berlín), Reino Unido (Londres) y Suiza (Ginebra), por considerar que están vulnerando la competencia exclusiva del Estado en materia de relaciones internacionales como límite de la acción exterior de las comunidad autónomas y actuando “con singular intensidad” para un proceso secesionista que ha sido declarado inconstitucional.
Según fuentes de Exteriores, tal y como se ha publicado en varios medios, la petición se ha presentado como medida cautelar en el marco del recurso contencioso administrativo que el Ministerio de Exteriores interpuso en 2018 contra el decreto de la Generalitat que restablecía estas tres delegaciones, junto con las de Estados Unidos, Francia e Italia, todas ellas cerradas con la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
La denuncia ante el TSJC apunta que el restablecimiento de las oficinas exteriores de la Generalitat persigue un “fin inconstitucional como es la creación de una estructura de Estado, al servicio de un proyecto de transición nacional de carácter secesionista inconstitucional, con grave perjuicio, además, para la política exterior de España”.
Según Exteriores, si bien la actividad de las delegaciones de la Generalitat en el exterior se está revelando, en su conjunto, dañina para los intereses del Estado, se ha podido constatar que la que llevan a cabo las delegaciones en Berlín, Londres y Ginebra “responde con singular intensidad a los objetivos del proceso secesionista de Cataluña que ha sido declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional en reiterados pronunciamientos”.
El Gobierno ya avanzó la semana pasada que la Abogacía del Estado estaba estudiando pedir medidas cautelares en relación con las delegaciones de la Generalitat para evitar actividades “perjudiciales para los intereses del Estado”. Anunció también que recurriría la última tanda de oficinas creadas por la Consejería de Acción Exterior de la Generalitat, en Argentina, Túnez y México.
