El Gobierno boliviano expulsó del país a dos diplomáticos españoles -la encargada de negocios Cristina Borreguero y el cónsul Álvaro Fernández- tras acusarlos de intentar entrar en la Embajada de México en Bolivia el 27 de diciembre acompañados por policías encapuchados para sacar a los nueve miembros del Gobierno del expresidentes Evo Morales refugiados allí y acusados por la justicia boliviana de terrorismo, sedición, revuelta armada y fraude electoral.
España calificó de “calumnia” la acusación y aseguró que había sido una visita de “cortesía”, y respondió expulsando a su vez a tres diplomáticos bolivianos.
La Fiscalía General de Bolivia solicitó después un informe a las autoridades españolas sobre la presencia en el país de los seis agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía española implicados en el incidente.
Además, inició los trámites para pedir la comparecencia como testigos, entre otros, del secretario general de Podemos y vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
