El Consejo de Asuntos Generales (CAG) de la Unión Europea, formado por los ministros de Asuntos Europeos de los Estados de la UE, adoptó en su sesión del martes 13 de octubre, celebrada en Luxemburgo, la recomendación sobre el enfoque coordinado de la UE para la restricción de la libre circulación en respuesta a la pandemia.
La recomendación, adoptada en el Comité de Representantes Permanentes (Coreper), pese a tratarse de un texto fundamentalmente indicativo y de mínimos, persigue establecer unos criterios y datos estandarizados que garanticen una libre circulación segura y no discriminatoria en el ámbito de la Unión Europea, refuercen los mecanismos de coordinación y mejoren la información a los ciudadanos. Hasta ahora, cada estado miembro había establecido las restricciones a ciudadanos provenientes de otros países según sus propios criterios y directrices, muchas veces diferentes entre sí. Con la nueva recomendación se estandarizan los criterios de evaluación y se elimina el riesgo de discriminación entre ciudadanos europeos.
España acoge positivamente esta recomendación ya que, en opinión del Gobierno, “refleja nuestra postura en elementos fundamentales: la exclusión del cierre de fronteras como medida a adoptar, la protección a la movilidad de colectivos de particular sensibilidad y relevancia, como los viajeros en función esencial (trabajadores sanitarios, transportistas, pacientes en tránsito para recibir tratamiento médico, pasajeros en tránsito, estudiantes que deban desplazarse para acudir a clases recurrentemente, diplomáticos, personal militar y policías o periodistas en ejercicio de sus funciones, entre otros colectivos) y la regionalización de la evaluación y de la implementación de medidas. Se hace, además, una mención específica a los territorios periféricos y ultraperiféricos, como las islas, para las que España ha defendido un tratamiento singularizado”.
Asimismo, la recomendación recoge una mención expresa a la preferencia por la realización de test en origen y/o destino frente a las cuarentenas –o autoaislamientos– e invita, asimismo, a que los estados sigan cooperando en el reconocimiento mutuo de resultados y en los formularios de localización de pasajeros (abriendo la posibilidad a un formulario europeo).
La recomendación aprobada en Luxemburgo también establece la necesidad de informar anticipadamente al público y a los operadores, siguiendo –cuando sea posible– la regla general de la anticipación a las 24 horas y apoyándose en el uso de la web Re-open EU. En el caso de la adopción de medidas nacionales, los estados miembros afectados deberán ser informados prioritariamente.
Para el secretario de Estado de la España Global, competente en las cuestiones de movilidad, Manuel Muñiz, “esta recomendación recoge aspectos importantes que España viene defendiendo desde que a mediados de agosto empezó a erosionarse la libre circulación en la Unión Europea. Es un éxito de nuestra diplomacia económica ya que establece unos mínimos en términos de movilidad, pero deja abierta la puerta a que los estados implementen medidas en frontera más laxas si su situación epidemiológica lo permite. Nos ofrece esta recomendación garantías y certezas para navegar las incertidumbres de la segunda ola de la Covid, protege la movilidad de colectivos vitales para nuestra economía y nos da suficiente margen de maniobra para establecer acuerdos bilaterales más ambiciosos con los socios europeos. Esto significa que podremos seguir trabajando, esta vez bajo el marco de una Recomendación adoptada por el Consejo de la Unión Europea, en el establecimiento de corredores turísticos con los territorios que los requieran”.
Para la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, “este acuerdo es un primer paso para reactivar la actividad turística internacional porque recoge medidas proporcionadas y predecibles que permiten mejorar la confianza de los viajeros. Asimismo, valora positivamente la preferencia por la realización de tests en origen y/o destino como medida preferente a las cuarentenas”.
