El Rey de España, Felipe VI; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; y el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg, presidieron el acto de celebración del 40º aniversario de la adhesión de España a la Alianza, que tuvo lugar el pasado 30 de mayo en el Teatro Real de Madrid. Felipe VI reclamó a la OTAN que atienda las amenazas al sur de Europa y centró el foco en el peligro yihadista. Por su parte, Sánchez recalcó la necesidad de aumentar el presupuesto en Defensa.
A los actos conmemorativos acudieron ocho ministros del Gobierno de España pero llamó la atención que no asistiera ninguno de Unidas Podemos. Portavoces de esta formación criticaron la cumbre de la Alianza prevista para finales de mes en Madrid y acusaron a Sánchez de pagar “a dedo” la organización de ese evento. Yolanda Díaz se desmarcó de estas críticas a la cumbre de la OTAN y habló de la legalidad del contrato.
Por otro lado, Huesca acogió el 28 de mayo el mayor desfile desde la pandemia en la celebración del Día de las Fuerzas Armadas, con 3.200 militares, en el que los Reyes fueron vitoreados. En este sentido, se anunció que España reforzará el despliegue militar en el Mar Báltico con misiles de defensa antiaérea y con más efectivos.
Por último, el PSOE votó a favor de despenalizar las injurias al Rey, apoyando una proposición de ley de Esquerra Republicana y de EH Bildu. Además, el Gobierno frenó un homenaje a los agentes que acabaron con ETA y los altos cargos plantarán a las víctimas del terrorismo en su congreso.
Espionaje y otros frentes entre el Gobierno y sus socios de legislatura
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se vio obligado por sus socios de legislatura a comparecer el 26 de mayo en el Congreso de los Diputados para explicar los casos de espionaje a líderes independentistas. No convenció a la oposición ni a sus socios, tras ofrecer una nueva ley de secretos oficiales, la revisión de la norma que regula el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y reforzar la de control judicial de los servicios secretos. Además, cargó la responsabilidad del espionaje al CNI y a la Justicia, desligándose por completo y a su Ejecutivo. Sin embargo, el Tribunal Supremo le desmintió al aclarar que el juez de control de las acciones del CNI no fija los objetivos ni es informado de las investigaciones.
Mientras, la Generalitat aprobó un decreto para obligar a las escuelas a cumplir con su política lingüística y que impide a los centros cumplir con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que garantiza un mínimo de un 25% de las materias en castellano. La norma dispuesta por el Govern contó con el apoyo de los socialistas catalanes para evitar que el castellano sea lengua vehicular en la educación.
PP y Ciudadanos se plantean recurrir al Tribunal Constitucional. Mientras, el Tribunal Supremo rectificó y volverá a analizar los indultos a los líderes del procès independentistas.
Por otro lado, los socios de Gobierno, PSOE y Podemos, ejercieron un voto diferente en la ley audiovisual, agravando aún más la brecha. Finalmente, cabe destacar que el Gobierno pactó con Bildu el aumento del 15% de las pensiones no contributivas.