España cierra su espacio aéreo a Estados Unidos para aviones que participan en la guerra de Irán

Convalidado el decreto con medidas por más de 5.000 millones de euros para paliar el impacto del conflicto

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la sesión de control celebrada en el Congreso de los Diputados, donde reclamó el voto favorable a la convalidación de las medidas aprobadas por el Gobierno para paliar los efectos de la guerra en Oriente Próximo.

El Gobierno de España ordenó el cierre de su espacio aéreo a los vuelos de Estados Unidos que participen en la guerra en Irán, según confirmó el pasado 30 de marzo la ministra de Defensa, Margarita Robles, que aseguró que se tomó esta medida desde el inicio del conflicto. Además de no permitir el uso de las bases aéreas de Rota, en Cádiz, y Morón de la Frontera, en Sevilla, por parte de aviones estadounidenses, España tampoco autoriza a usar su espacio aéreo español a las aeronaves destacadas en otros países europeos que tengan que ver con la operación lanzada por Estados Unidos e Israel. La prohibición no afecta solo a los despegues desde suelo nacional, sino también al sobrevuelo de aeronaves militares procedentes de bases en Reino Unido o Francia.

“Desde el primer momento se le trasladó clarísimamente al Ejército americano y a las fuerzas americanas que no se autorizaban las bases ni, por supuesto, tampoco se autorizaba la utilización del espacio aéreo español para actuaciones que tengan que ver con la guerra en Irán”, subrayó la ministra ante los medios de comunicación. La prohibición no afecta solo a los despegues desde suelo nacional, sino también al sobrevuelo de aeronaves militares procedentes de bases en Reino Unido o Francia.

En este contexto, la Casa Blanca respondió a España que no necesita su ayuda ni la de ningún otro país para la operación militar en Irán. La decisión del Gobierno de impedir el uso de las bases militares de Rota y Morón en la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán ya fue contestada desairadamente por el presidente Donald Trump a principios de marzo con la amenaza contra España de romper relaciones comerciales. Además, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, criticó a España por vetar el uso de las bases y su espacio aéreo y “presumir” de ello, además de cuestionar el sentido de la OTAN si Estados Unidos no puede usar las bases “cuando lo necesita”.

Mientras, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, apuntó en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros que las relaciones del Gobierno español con Estados Unidos son “absolutamente normales y fluidas”, no solamente a nivel diplomático, “sino también a niveles de gobierno”. 

Y el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, defendió en una entrevista en TVE que las relaciones con Estados Unidos se encajan dentro de la normalidad y que el papel de España como socio de la OTAN es “absolutamente imprescindible”. También destacó el compromiso “fuera de toda duda” con la ONU y con el rechazo de que “la guerra sea una forma de resolver conflictos”. 

Por otro lado, el Congreso de los Diputados convalidó el 26 de marzo el real decreto ley de medidas urgentes para hacer frente al impacto económico del conflicto en Oriente Medio, un paquete que moviliza más de 5.000 millones de euros e incluye, entre otras iniciativas, la rebaja del IVA de la electricidad, el gas y los carburantes.

La norma salió adelante con 175 votos a favor, correspondientes a la mayoría de socios parlamentarios del Ejecutivo, frente a 33 votos en contra de Vox y 141 abstenciones, entre ellas las del PP y Podemos. Junts dio su voto a cambio de la exención de IVA a autónomos que ganen menos de 85.000 euros y el PP no lo rechazó por incluir parte de las bajadas de impuestos que viene reclamando desde hace tiempo, pero se abstuvo tras reclamar más medidas como la rebaja del IRPF. 

El otro decreto con medidas para paliar los efectos de la guerra, que incluye la prórroga de los alquileres y la limitación al 2% de las subidas anuales de los contratos vigentes, como pedía la parte de Sumar en el Gobierno, se debatirá más adelante ante la previsible oposición de la mayoría de los grupos a la medidas.

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