El Consejo de Ministros aprobó el 14 de abril la regularización extraordinaria de migrantes después de que el Gobierno aprobara el 27 de enero iniciar el trámite de urgencia. El real decreto, que estaba pendiente del visto bueno del Consejo de Estado, abre el periodo de tramitación hasta el 30 de junio.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo calificó como un acto de justicia con el pasado migrante de España pero también de “una necesidad” para España ya que este, “como otros países europeos, envejece” y sin nuevas personas trabajando y cotizando, su prosperidad se frena. Y un acto de “normalización”, al reconocer la realidad de casi medio millón de personas que ya forman parte de la vida cotidiana de los españoles.
Los posibles beneficiarios son los solicitantes de asilo que hicieran su petición antes del 1 de enero y las personas en situación irregular en España desde antes de esa fecha. Tienen que ser mayores de edad, haber permanecido en España cinco meses seguidos antes de la solicitud, aportar una copia de un documento identificativo y no tener antecedentes penales.
