Entre 35.000 y 70.000 ciudadanos españoles en Reino Unido podrían experimentar algún tipo de dificultad en los próximos años para mantener su residencia en el país y encontrarse en situación irregular y en riesgo de exclusión.
Así lo indica en un manifiesto el grupo de trabajo ‘Post Brexit’ que agrupa a las principales asociaciones y organizaciones españolas en el Reino Unido, los Consejos de Residentes de Londres, Manchester y Edimburgo, así como expertas en inmigración y fenómenos migratorios
Esta agrupación recuerda que 356.090 ciudadanos españoles se habían registrado en el programa obligatorio para solicitar la regularización en el Reino Unido hasta el 30 de junio de 2021, la fecha límite para solicitarlo, de los cuales 174.310 ciudadanos con estatus de pre-asentado (pre-settled status) y 140.870 con estatus de asentado (settled status), 5.230 anuladas, 2.980 no válidas, 6.530 rechazadas y 26.170 están aún en espera de resolución. La española es la sexta nacionalidad con mayor número de solicitudes.
Sin embargo, indican que “a pesar de que este número pueda dar la sensación de que se ha llegado a muchos ciudadanos españoles, esta cifra no se puede interpretar como un éxito, puesto que no se sabe exactamente a cuántas personas les afecta este cambio”. Además, señalan que el Gobierno británico subestimó el número de ciudadanos de la UE en el Reino Unido en 3 millones, mientras que las últimas estadísticas apuntan a más de 6 millones de solicitudes. “Ante tal escenario es difícil saber cuántas personas no se han podido regularizar aún y tienen que realizar una solicitud tardía al programa de asentamiento”, afirman.
Por otro lado, entre un 10 y un 20 por ciento de las personas que necesitan solicitar el estatus de asentado son vulnerables o tienen algún tipo de barrera para solicitarlo, según el Ministerio del Interior británico (Home Office), esto significa, advierten, que entre 35.000 y 70.000 ciudadanos españoles podrían experimentar algún tipo de dificultad en los próximos años para mantener su residencia.
Asimismo, señalan en el manifiesto que el número de preguntas y quejas recibidas por las diferentes organizaciones está incrementando “y no solo es un problema la cantidad de las mismas, sino la complejidad de los casos que están llegando a nuestras organizaciones expertas en ayudar en este complejo proceso”.
“Además de las incidencias técnicas, retrasos habituales, y la confusión generalizada ante la falta de un documento físico, estamos observando un criterio de evaluación de los casos mucho más estricto. En algunos casos también con decisiones incorrectas, ignorando la supuesta flexibilidad y sentido práctico que el Home Office declaró que aplicaría. Estos rechazos, unidos al retraso masivo en el proceso de revisión administrativa, dejan a los solicitantes en una situación precaria ante la falta de resolución” comenta Marta Mendiondo, experta en inmigración.
Las organizaciones firmantes del manifiesto señalan también la disparidad entre los recursos asignados a los tres consulados generales en Reino Unido, en comparación con el número de ciudadanos españoles que se han registrado en el EU Settlement Scheme. A 1 de enero de 2021, había 160.641 españoles en el Reino Unido, según datos del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE), frente a los más de 350.000 registrados en el nuevo programa obligatorio para residir en Reino Unido (EU Settlement Scheme).
Por estos motivos, el grupo de trabajo ‘Post Brexit’ insta a las autoridades españolas a mantener el servicio de ventanilla única en Embajada y consulados con los recursos y dotación adecuados. Y también que se agilicen los planes para la flexibilización de trámites y la agenda de movilidad España-Reino Unido “que permita a nuestros ciudadanos una mejor movilidad entre ambos países”.
Destacan, por otro lado, que las consecuencias negativas de la salida de la Unión Europea no conciernen sólo a Reino Unido, sino que igualmente hay medidas negativas aplicadas por España.
En este sentido, el consejero del CGCEE por el Reino Unido, David Casarejos, afirma que “la emigración que sirvió de válvula de escape de la crisis de 2009, y que ayudó a aliviar el nivel de desempleo y pobreza en muchas familias, ahora se ve ‘recompensada’ con una pérdida de derechos y condiciones que distan de las que muchos tuvimos cuando tomamos la decisión de emigrar. Además, la decisión tomada libremente por la ciudadanía de un país en las urnas ha de ser aceptada, pero no así las discriminaciones, tratos desfavorables o falta de flexibilidad mostrada por ambas partes”.
Las organizaciones firmantes del manifiesto han elaborado un documento extenso que muestra en detalle las dificultades a las que ya se enfrenta o quienes van a llegar a Reino Unido o quienes decidan regresar a España tras el brexit y las comparten “con el fin de que se empiece a trabajar para rectificar o corregir los aspectos desfavorables de las condiciones que nos han cambiado de un día para otro y que distan de la seguridad que teníamos como emigrantes bajo el paraguas de la UE. Es tiempo de encontrar soluciones y facilitar las vidas de más de 350 mil españoles en Reino Unido”, aseguran.
