La Guardia Civil y la Audiencia Nacional intervinieron numerosos bienes muebles e inmuebles a más de 50 personas condenadas por diferentes delitos de terrorismo relacionados con ETA por una deuda que superaría los ocho millones de euros. Por otro lado, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, recibió a las asociaciones de víctimas del terrorismo para asegurarles que no habrá ninguna cesión por la disolución de ETA, aunque varios asistentes le solicitaron más compromisos.
