Elma Saiz, nueva ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

La política navarra sustituye a José Luis Escrivá que pasa a la cartera de Transformación Digital / Fue consejera de Hacienda del Gobierno Foral y actualmente era la portavoz del PSN en el Ayuntamiento de Pamplona

Elma Saiz
La nueva ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

La pamplonesa Elma Saiz será la nueva ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en sustitución de José Luis Escrivá que pasa a dirigir el nuevo Ministerio de Transformación Digital.

Elma Saiz (Pamplona, 1975) era actualmente la portavoz del Partido Socialista de Navarra (PSN) en el Ayuntamiento de Pamplona. Anteriormente fue diputada autonómica del PSN entre 2003 y 2007, delegada del Gobierno de España en la Comunidad Foral de Navarra entre 2008 y 2012 y directora del Instituto Navarro para la Igualdad y Familia en 2012.

Desde junio de 2019 fue concejala en el Ayuntamiento pamplonés y en agosto de ese año fue nombrada consejera de Economía y Hacienda del Gobierno Foral. Finalizó la legislatura como consejera y portavoz del Ejecutivo de María Chivite y en las elecciones municipales del pasado mes de mayo fue cabeza de lista en la capital navarra. El PSN fue la tercera fuerza más votada en Pamplona.

Madre de dos hijos, es licenciada en Derecho y Máster Universitario en Asesoría Fiscal por la Universidad de Navarra. Inició su trayectoria profesional en 1999 como socia-director de la consultoría jurídico-tributaria IMEL.

También ha desarrollado una trayectoria académica como colaboradora en el Máster Universitario de Derecho de Empresa y en el Máster Universitario en Asesoría Fiscal de la Universidad de Navarra, así como en la Escuela de Práctica Jurídica y en el grado de Derecho en dicho centro universitario. Asimismo, participó como docente en el Máster en Asesoramiento Fiscal, Laboral y Contable en la Universidad Pública de Navarra.

Aunque al cierre de esta edición todavía no se han publicado en el Boletín Oficial del Estado las competencias de los diferentes ministerios, es de suponer que el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones seguirá manteniendo las competencias en materia de atención a la ciudadanía española en el exterior y el retorno.

En esta materia, la nueva ministra se encontrará con las reclamaciones realizadas hace pocos días por el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) tras la celebración del III Pleno de su VIII Mandato que tuvo lugar en Asturias los días 6 y 7 de noviembre.

Entre otros asuntos, los representantes de los españoles residentes fuera del país demandan un aumento de los presupuestos para este colectivo que mejores las prestaciones asistenciales, así como la recuperación de los programas de ayudas y un mayor apoyo al retorno.

Además, está pendiente la aprobación del Reglamento de desarrollo de la Ley del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior algo que precisamente facilitará, según manifestó José Luis Escrivá en su intervención ante el pleno del CGCEE, ese aumento presupuestario.

Otro asunto reclamado por los españoles fuera de España es el de la reforma del Código Civil en materia de nacionalidad para acabar de una vez por todas con los parches normativos que se han ido aplicando en esta materia y que, por su carácter temporal, no ofrecen una solución definitiva a la demanda de acceso a la ciudadanía de los descendientes de emigrantes españoles.

Según señalan algunos medios de comunicación, el nombramiento de Elma Saiz como ministra abre la puerta a una cercana moción de censura que presentarían el PSN y EH Bildu contra la actual alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola, de Unión del Pueblo Navarro (UPN).

La gestión de las políticas hacia la ciudadanía española en el exterior por parte del anterior ministro, José Luis Escrivá, se ha caracterizado por una casi total inexistencia. Prácticamente lo único que se hizo al respecto en los últimos cuatro años fue mantener la gestión de las prestaciones por razón de necesidad y adaptarlas al aumento significativo de retornados de Venezuela, y la convocatoria de los programas de ayudas de Mayores y Asociaciones, algo que estuvo en suspenso, tal y como publicó en su día España Exterior. El ministro Escrivá no realizó en estos cuatro años ni un solo viaje para visitar a la ciudadanía española en el extranjero, no puso en marcha ni una sola iniciativa de apoyo a la colectividad –más allá de las obligaciones legalmente establecidas–, no realizó ninguna acción en materia de retorno, mientras numerosas Comunidades Autónomas aprobaron planes específicos en la materia, y la aprobación del Reglamento de desarrollo de la Ley del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior estaba previsto en el Plan Normativo del Gobierno para el año 2022 y, sin embargo, su aprobación definitiva será en 2024, con dos años de retraso.

Cabe destacar también que en los cuatro años al frente del Ministerio, Escrivá nombró a tres secretarios de Estado de Migraciones diferentes, Hana Jalloul, Jesús Javier Perea e Isabel Castro, y a dos directores generales de Migraciones, Irune Aguirrezabal y Santiago Yerga, con lo que el departamento a duras penas logró la estabilidad idónea para el desarrollo de su labor.

Es de esperar que en los próximos días se conozcan los nombres del nuevo equipo directivo del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en esta nueva andadura al frente del cual estará Elma Saiz.

Albares sigue en Exteriores

Por otro lado, José Manuel Albares seguirá el frente del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. En esta legislatura, el departamento deberá desarrollar en toda su plenitud el plan de digitalización que tiene entre sus objetivos prioritarios agilizar la tramitación burocrática en la red de consulados y embajadas, y facilitar y simplificar la relación con los ciudadanos, en gran parte españoles residentes en el exterior, sus descendientes y españoles en tránsito en el extranjero.

En este sentido, cabe recordar que todavía queda un año de aplicación de las disposiciones en materia de acceso a la nacionalidad de la Ley de Memoria Democrática, y podría prorrogarse por otro año más si así lo decide el Gobierno. Esta materia está centrando buena parte del trabajo del trabajo de algunas de las oficinas consulares que atienden a un mayor número de españoles, como las de Iberoamérica.

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