La gestión del Gobierno vasco del derrumbamiento del vertedero del municipio de Zaldíbar, a 40 kilómetros de Bilbao, y la fulminante destitución de Alfonso Alonso como candidato del PP a lehendakari han enrarecido las elecciones vascas del 5 de abril.
El vertedero, reponsabilidad de la empresa privada Verter Recycling 2002, se vino abajo el 6 de febrero, sepultando a dos trabajadores que aún siguen desaparecidos y extendiendo el miedo entre los vecinos de la zona, a los que se aconsejó no hacer ejercicio en el exterior y no ventilar sus casas, especialmente por las noches.
El lehendakari Iñigo Urkullu fue muy criticado por tardar varios días en acudir al lugar y en comparecer en público para dar explicaciones. El día 23, en declaraciones al diario ‘Deia’, hizo “autocrítica”, reconociendo que había “faltado la construcción de un relato desde el primer momento” y explicando que no acudió a Zaldíbar en los primeros días porque era un accidente de una empresa privada y no quería que “hubiera agravios” con otros precedentes también con fallecidos.
Por otro lado, el presidente del PP, Pablo Casado, decidió el día 23 prescindir de Alfonso Alonso como candidato a lehendakari en las elecciones vascas y sustituirlo por Carlos Iturgaiz tras discrepar Alonso sobre el acuerdo suscrito entre Génova y la dirección de Ciudadanos para que los dos partidos concurran juntos a los comicios, al considerar que daba demasiado protagonismo a la formación naranja.
La destitución de Alonso –que fue alcalde de Vitoria, portavoz del PP en el Congreso y ministro de Sanidad con Mariano Rajoy– se inscribe en la pugna del PP vasco con la dirección nacional del partido por alejarse de la radicalización y de Vox y tener su acento propio para detener la hemorragia de votos.
Iturgaiz presidió el PP vasco entre 1996 y 2004, periodo durante el que se produjo el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, y fue uno de los hombres de confianza del entonces ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja.
Transferencia de las cárceles y la Seguridad Social
Asimismo, los gobiernos español y vasco firmaron el día 20 en Vitoria un histórico acuerdo que completa la transferencia a Euskadi de todas las competencias previstas en el Estatuto, incluidas las cárceles a partir de este mismo año y el régimen económico de la Seguridad Social a finales del próximo.
