El Tribunal Supremo acordó dar un plazo de diez días al Gobierno de España para que garantice el acceso al Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional de unos mil menores migrantes no acompañados que se encuentran en Canarias y han solicitado asilo o manifestado su voluntad de hacerlo. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal explicó que se trata de una medida “imprescindible para corregir la actual situación de hacinamiento en que estos menores se encuentran”.
