José Luis Ábalos fue secretario de Organización del PSOE, portavoz de la moción de censura que supuso fin al Gobierno de Mariano Rajoy y ministro de Transportes del Gobierno de España. Se trata, por tanto, de un hombre de la máxima confianza para Pedro Sánchez, al que ayudó a recuperar el liderazgo del PSOE recorriendo las sedes del partido por toda España y se ha convertido en el primer ministro de la democracia condenado a cárcel por corrupción en el desempeño de su cargo en el Ejecutivo. Y Sánchez como el primer presidente en ejercicio con uno de sus ministros condenado por corrupción.
El Tribunal Supremo decretó una pena de 24 años y tres meses de prisión, con límite de cumplimiento de 16 años y medio, para José Luis Ábalos y 19 años y 8 meses, con límite de cumplimiento de 15, para su asesor Koldo García por el caso de las mascarillas. El empresario Víctor de Aldama fue condenado a cuatro años y medio, pero se le suspende la ejecución de la pena debido a su contribución para el esclarecimiento de los delitos y bajo la condición de no delinquir, presentar un informe semestral sobre las actividades realizadas y llevar a cabo una labor comunitaria durante un año.
Los siete magistrados encargados del caso atendieron, por unanimidad, a la petición de la Fiscalía Anticorrupción, como cuando en noviembre de 2025 se decretó su entrada en prisión preventiva por riesgo de fuga.
Ábalos recibió la mayor condena hasta la fecha de un exministro. Cabe resaltar, además, que él fue la voz de la moción de censura que aupó al Gobierno a Sánchez y que prometía la limpieza del Estado y de las instituciones y, 8 años después, el Supremo le ha condenado a semejante privación de libertad.
La sentencia sostiene que existió un acuerdo previo entre el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama para favorecer determinados contratos públicos a cambio de contraprestaciones y comisiones en el peor momento de la pandemia. Los delitos atribuidos incluyen organización criminal, cohecho, malversación, prevaricación y tráfico de influencias.
Algunas voces del Gobierno -como los ministros Óscar Puente y Óscar López- no escondieron su sorpresa por la diferencia entre los años de condena y vieron “desproporción” entre Ábalos y Koldo y el comisionista Aldama. Mientras que la ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, aseguró en la rueda de prensa del Consejo de Ministros que el compromiso de La Moncloa es que “la corrupción ni se tolere ni se aplauda”: “Es el tiempo de la Justicia y la Justicia la que ha hecho su trabajo”.
Medidas contra Begoña
Por otro lado, el juez Juan Carlos Peinado acordó el día 20 abrir juicio oral con jurado popular a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos -y a su asesora Cristina Álvarez por los mismos delitos-, así como retirarle el pasaporte, prohibirle salir de territorio nacional y comparecer cada 15 días en el juzgado. Y todo ello, porque el juez cree que las fuerzas de seguridad podrían colaborar en una hipotética fuga, “bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos”.
Esto último provocó críticas rotundas de los sindicatos policiales y de los ministros de Justicia, Félix Bolaños, y del Interior, Fernando Grande Marlaska, así como el inicio de una propuesta de amonestación a Calama por parte del Consejo General del Poder Judicial.
Mientras, el juez abrió una pieza separada dentro de la causa contra Begoña Gómez por los presuntos delitos de prevaricación y fraude a los intereses de la Unión Europea que la Fiscalía Europea investigaba en relación con el empresario Juan Carlos Barrabés.
Caso Leire
Asimismo, en el denominado ‘caso Leire’, en el que se investigan presuntas adjudicaciones irregulares vinculadas a contratos públicos, el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, imputó a la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), María Belén Gualda González, y otros 24 directivos de empresas públicas y privadas al apreciar delitos de organización criminal, tráfico de influencias, prevaricación, malversación e información privilegiada.
Y en la rama del mismo caso que investiga una presunta operativa para desbaratar causas judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE -en la que habrían participado el exsecretario de Organización Santos Cerdán y la exmilitante socialista Leire Díez, entre otros-, la empresaria Carmen Pano y el chófer que declararon haber llevado 90.000 euros en efectivo a la sede central del PSOE se ratificaron en el supuesto soborno de las cloacas para que no lo contaran. Aseguraron que fue a través de Leticia de la Hoz, abogada que defiende a Koldo, en nombre del PSOE.
Con el trasfondo de las novedades judiciales en el caso Leire Díez, la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el ‘caso Plus Ultra’ y la condena a Ábalos, el Partido Popular y Junts llevaron al Congreso dos enmiendas a una moción en las que pedían al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un adelanto electoral, pero la Mesa del Congreso -controlada por los partidos en el Gobierno de coalición: PSOE y Sumar- las vetó e impidió su debate, por lo que el PP informó que llevará la decisión al Tribunal Constitucional.
Sin embargo, el Congreso aprobó el día 25 otra moción del PP en la que se insta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que se someta a una cuestión de confianza tras los numerosos escándalos de corrupción que salpican al Ejecutivo y al PSOE. Salió adelante con los 178 votos a favor de PP, Vox, Junts y UPN frente a 171 en contra y una abstención, de CC. Tras la votación, la bancada popular se arrancó con gritos de “dimisión, dimisión”, mientras los miembros del Gobierno allí presentes y los diputados del PSOE aplaudían de pie.
En las dos cámaras
La petición del Congreso se completó con la aprobación de otra moción en el Senado en el mismo sentido que evidencian el “agotamiento de la legislatura”, la “falta de Presupuestos” desde hace tres años, la “ausencia de una mayoría” que respalde al Gobierno y el rosario de causas de corrupción que rodean al Ejecutivo.
El líder de la oposición y presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, consideró determinante que las Cortes hayan pedido por mayoría absoluta la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le instó a asumir esta exigencia. De lo contrario, dijo, España tendrá a partir de ahora un jefe del Ejecutivo que se mantiene en el poder en contra del Parlamento.
Por su parte, Pedro Sánchez presidió el día 27 el Comité Federal del PSOE en el que prometió un país “aún mejor en 2031”, puesto que rechazó convocar elecciones, ya que “la pregunta no es si debemos continuar, la pregunta es: ¿Cómo no vamos a continuar?”, aseguró en su intervención. “Limpiaremos lo que haya que limpiar y seguiremos gobernando”, dijo.
Sánchez, además de reclamar la presunción de inocencia para el expresidente Rodríguez Zapatero y pedir a la Justicia que “sea justa” en las causas contra su hermano y su mujer, volvió a sacar pecho porque el PSOE actuó contra los casos de corrupción de forma “contundente desde el principio”, al contrario que otros partidos, y dejó claro, respecto a algunos casos, que fueron “personas concretas que se aprovecharon y cuyas prácticas desconocíamos y, de conocerlas, jamás habríamos tolerado”.
