El Boletín Oficial de Canarias (BOC) publicó el pasado 12 de septiembre la resolución por el que se establece el protocolo territorial de recepción de menores extranjeros migrantes no acompañados en las Islas, un documento aprobado por el Gobierno de Canarias y que da cumplimiento al Protocolo Marco estatal en relación con los menores extranjeros no acompañados, de 2014.
El protocolo territorial pretende la ordenación de la recepción de menores extranjeros migrantes no acompañados que se encuentren en situación de desamparo en Canarias, para lo que establece un conjunto de actuaciones previas para el acogimiento de un menor migrante no acompañado por parte de Canarias. Así, se requerirá su previa reseña de identificación, su inscripción en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados (Rmena) si contase, y una resolución administrativa de asignación o ubicación individualizada del órgano correspondiente del Estado, previa audiencia al menor, en presencia de un intérprete de su lengua materna u otra que pueda entender, con conocimiento del Fiscal.
De esta forma, tras la cumplimentación de las actuaciones previas, el órgano competente estatal comunicará a la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias la existencia de un menor migrante no acompañado en condiciones de ser entregado para este pueda ser acogido de forma adecuada.
Sin embargo, ocho días después, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) suspendió dicho protocolo, en línea con lo que solicitaba la Fiscalía Superior de Canarias en un recurso. Según la Fiscalía, podía vulnerar el principio de igualdad que la Constitución reconoce en su artículo 14 y también podía ir contra el artículo 15, que recoge el derecho fundamental a la integridad moral. El Ministerio Público alegaba, además, que se podría producir un delito de “abandono” por no atender a los menores.
“Nos sentimos como que nos ataca el matón del colegio”, afirmó el presidente canario Fernando Clavijo en referencia a la actuación del Ejecutivo central a través de la Fiscalía. “Lejos de recibir ayuda, complicidad o colaboración, parece ser que, porque pedimos que el menor sea entregado con garantías legales, el Gobierno de España se dedica a atacar a Canarias”, explicó.
“No podemos más porque no tenemos capacidad, las condiciones de hacinamiento no nos están permitiendo garantizar la seguridad del menor y lo que le estamos pidiendo al Gobierno, porque entendemos que son menores extranjeros no acompañados y todas las competencias de extranjería, fronteras y salvamento marítimo las tiene el Estado, que nos ayude”, aseguró Fernando Clavijo en una entrevista en Radio Club Tenerife.
