En la asamblea de socios del pasado 15 de enero, los socios y trabajadores de Casa de Galicia aguardaban la respuesta del Tribunal de Apelaciones que este jueves día 3 de febrero decidió que el juez Leonardo Méndez tiene que estudiar la apelación presentada el pasado 27 de diciembre por la abogada Lucía Curbelo en representación de los socios de Casa de Galicia.
Aunque esta resolución del Tribunal no tiene efecto suspensivo sobre la decisión de cierre, “no está decretada la disolución de Casa de Galicia, no está decretada su liquidación” aseguró el abogado Juan Ceretta, docente del consultorio jurídico y de la clínica de litigio estratégico de la carrera de abogacía de la Universidad de la República del Uruguay, y que se ha convertido ahora en abogado de los socios.
Así que fue tomada esta nueva etapa como una victoria, pero aún el partido está por jugarse, ya que también afirmó Ceretta que es un “disparate que se esté votando el martes (8 de febrero) una ley que reparte los bienes de una persona jurídica de la que aún no se ha decretado su fin”, haciendo referencia al proyecto de ley que envió el presidente Lacalle Pou al Parlamento uruguayo y que se debatirá en la Cámara el próximo 8 de febrero.
Este proyecto de ley establece que, tras el cierre de Casa de Galicia, sus socios serán distribuidos entre tres instituciones médicas, Círculo Católico, Hospital Evangélico, Cudam y Universal, sin tener la oportunidad los socios de la mutua gallega de escoger una institución, entre las que podía estar la Asociación Española, por ejemplo.
Y es que, de los 45.000 socios, 43.000 pertenecen al sistema integrado de salud uruguayo en el que la cuota sanitaria se les descuenta de su salario o pasividad, y se vuelca directamente a Casa de Galicia, en este caso, siendo justamente esos ingresos los que la mutua tenía para pagar el fideicomiso que redujo su deuda en los últimos diez años.
Sin embargo, a esta decisión que procura mantener los puestos laborales de casi 2.000 trabajadores de Casa de Galicia, los socios, que no han sido consultados por ningún partido político, serían rehenes de la decisión del gobierno del presidente Lacalle para una distribución de ellos y sus familias entre las cuatro instituciones antes mencionadas.
Todo hace pensar que el presidente Lacalle Pou y el Parlamento uruguayo deberá detener la intención de hacer desaparecer Casa de Galicia por lo menos hasta tanto el juez Méndez analice las propuestas de los socios de esta.
Juan Ceretta, que se ha convertido ahora en el abogado de los socios, estudiará los expedientes penales que están en la justicia tras la intervención del Ejecutivo uruguayo a la mutua gallega, “porque se notan irregularidades de todo tipo en la gestión de la última directiva”.
Puntualizó que “hay un vaciamiento de la institución, hay créditos que son absolutamente dudosos de los que hay que analizar muy bien su legitimidad, contratos celebrados que dejan muchísimas dudas. Hay muchas cosas que merecen ser analizadas y los socios tienen derecho a analizar porque, en definitiva, se trata de la gestión de su sociedad, no en el sentido médico, sino de Casa de Galicia”.
Por otra parte, también anunció que “podría aparecer alguna solución todavía” y que “hay una cuestión equivocada en el sentido de ver a Casa de Galicia como un prestador cualquiera de salud, porque Casa de Galicia es una sociedad civil que dentro de sus fines tiene muchas actividades”, como la difusión y la promoción de la cultura gallega.
Justamente un grupo de socios se ha reunido con el síndico que dirige Casa de Galicia para plantearle la preocupación que tienen sobre el futuro del patrimonio cultural de la misma.
La Xunta de Galicia ya realizó tiempo atrás un inventario de los bienes culturales, entre los que se encuentran obras de arte pictóricas, esculturas, y hasta frisos que son el legado de los emigrantes gallegos que fundaron una institución para ayudar a sus paisanos y divulgar la cultura de su tierra. Entre ellos está la bóveda del auditorio del hospital donde sus luces representan cada una las estrellas que se ven en el cielo de Galicia.
Por su parte, los socios y trabajadores de la mutua gallega continúan actuando conjuntamente. Los segundos, para mantener su fuente de trabajo, y ambos para que el hospital y policlínicas de Casa de Galicia no pasen al Estado, sino que continúen en poder de la que denominan “familia gallega” de la institución. Para ello están pintando paredes del barrio de Sayago, donde está el hospital, al mismo tiempo que continúan en huelga de hambre dos trabajadores reclamando el diálogo y soluciones al Estado uruguayo.
