El Tribunal Constitucional tumba el confinamiento con el estado de alarma

Considera que la medida suprimía el derecho de libre circulación, no lo limitaba, por lo que habría sido necesario utilizar la figura del estado de excepción

El Tribunal Constitucional tumbó el primer estado de alarma al juzgar inconstitucional el confinamiento domiciliario de 2020. Una mayoría de seis magistrados, frente a cinco, consideraron que la medida suprimía el derecho de libre circulación, no lo limitaba, por lo que habría sido necesario utilizar la figura del estado de excepción, más garantista al precisar de mayor control parlamentario ante tal recorte, con la autorización previa del Congreso de los Diputados y no a posteriori, como el estado de alarma.

El Gobierno mostró públicamente su enfado con la sentencia del TC en una comparecencia pública, sin preguntas ni prensa, de la ministra deJusticia, Pilar Llop, por “un fallo sin precedentes” en la que aseguró que el Ejecutivo se ajustó a la legalidad con el real decreto de la alarma y “permitió salvar 450.000 vidas”. De hecho, el Constitucional explicó que las medidas estaban justificadas, deslizando que el Gobierno erró en su encaje legal.

Los partidos de la oposición, que respaldaron en su momento el decreto, criticaron al Ejecutivo por haber apostado por la vulneración de derechos. El PP recordó que lleva un año reclamando una ley de pandemias que otorgue poderes al Gobierno central y los autonómicos para afrontar situaciones de este tipo mientras que Vox se adjudicó el mérito de la sentencia al responder a un recurso suyo.

La quinta ola de la pandemia -con la expansión de las infecciones entre la población más joven no vacunada y la presencia de la variante delta- ha llevado a varias comunidades a solicitar a los tribunales el establecimiento nuevamente de la medida del toque de queda. Actualmente está en vigor en varias localidades de la Comunidad Valenciana, de Cataluña y Cantabria. En Extremadura y Canarias, en cambio, sus tribunales superiores de Justicia lo denegaron, apelando al Supremo el Ejecutivo de las Islas. Y Navarra y Castilla y León no descartan solicitarlo.

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