El Tribunal Supremo anunció el martes 31 que exigirá responsabilidades penales a los directores de los centros penitenciarios por la posible comisión de un delito de prevaricación si la Junta de Tratamiento de las cárceles catalanas, donde se encuentran internados Oriol Junqueras y el resto de condenados del 1-O, acuerde su liberación para cumplir el confinamiento en sus respectivos domicilios por el coronavirus.
Este aviso del Alto Tribunal se produce después de que el Departamento de Justicia de la Generalitat ordenara a las juntas de tratamiento de los centros penitenciarios catalanes que revisen los casos de internos a los que se les ha aplicado el 100.2 del reglamento penitenciario para ver si pueden salir de la cárcel para pasar la situación de confinamiento en sus casas. Se trata de extender la medida igual que presos con el tercer grado que cada día salían a trabajar y de los que un 70% están durmiendo en sus domicilios en vez de en la cárcel por el estado de emergencia.
Han demostrado, y ésta es una más, que los encarcelados por el 1’O son PRESOS POLÍTICOS. ¿Y a ésto lo llaman democracia consolidada y con separación de poderes?