El Tribunal Supremo ha requerido a la Junta Electoral Central (JEC) que remita toda la documentación relacionada con el procedimiento de inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de quienes obtuvieron la nacionalidad a través de la Ley de Memoria Democrática, en el marco del recurso presentado por la organización Iustitia Europa contra la inscripción en el CERA de estos nuevos españoles.
En una diligencia de ordenación, el alto tribunal concede a la JEC un plazo improrrogable de veinte días para enviar el expediente administrativo correspondiente. Además, ha acordado abrir una pieza separada para estudiar la solicitud de suspensión cautelar de las nuevas inscripciones en el CERA planteada por la organización.
La controversia surge después de que la Junta Electoral rechazara paralizar cautelarmente el procedimiento de elaboración del censo, aunque solicitó a la Oficina del Censo Electoral una instrucción sobre la aplicación de la Ley de Memoria Democrática y que permite acceder a la nacionalidad española a descendientes de emigrantes.
La JEC defendió que la Constitución garantiza el derecho al voto de los españoles residentes en el extranjero y sostuvo que la administración electoral debe aplicar la normativa vigente, sin sustituir el criterio fijado por el legislador.
Por su parte, Iustitia Europa asegura que no existe información pública suficiente sobre cuántas altas en el CERA proceden de expedientes tramitados al amparo de la LMD ni sobre su distribución territorial o el procedimiento seguido en cada caso. La organización considera que el censo debe estar sometido a un mayor control público y judicial para garantizar su transparencia.
Diligencias preliminares por la Instrucción de Sofía Puente
Al mismo tiempo, según publica el periódico digital The Objective, la titular del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid, Inmaculada Lova, ha abierto diligencias preliminares contra la que fue directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia, Sofía Puente, tras la querella que presentó hace tres semanas la organización HazteOír por un delito de prevaricación a raíz de la Instrucción firmada por Puente que amplió el acceso a la nacionalidad mucho más allá de lo previsto en la Disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática.
Cabe recordar que la Justicia ya archivó otra querella similar que presentó la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica en abril de 2024.
