El Tribunal Supremo anula el Real Decreto del Gobierno de España por el que Castilla y León no fue beneficiaria de unas ayudas en materia de inclusión social dotadas con fondos europeos. Estima los argumentos presentados por los Servicios Jurídicos de la Consejería de la Presidencia, al considerar injustificado el procedimiento del reparto por subvenciones directas, sin convocatoria pública, y, por tanto, sin motivación.
