La tramitación del Real Decreto de Reglamento de desarrollo de la Ley del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior se puede definir con el refrán popular ‘arrancada de caballo, parada de burro’.
La idea de elaborar este Reglamento la tuvo el que fuera secretario de Estado de Migraciones entre abril de 2021 y junio de 2022, Jesús Javier Perea Cortijo, allá por el mes de noviembre de 2021 -en concreto durante una visita al Museo de la Emigración asturiana en Colombres-. Así, esta iniciativa se incluyó en el Plan Anual Normativo del Gobierno para el año 2022.
En el mes de junio de 2022, Perea dejó la Secretaría de Estado y aquella primera ‘arrancada de caballo’ finalizó en diciembre de ese mismo año con una primera consulta pública previa que tuvo como finalidad recabar la opinión de ciudadanos, organizaciones y asociaciones antes de la elaboración del texto.
En ese momento, apareció la primera ‘parada de burro’ en la tramitación ya que se detuvo durante casi un año hasta que entre el 15 de septiembre y el 6 de octubre de 2023 se realizó el trámite de audiencia pública al texto ya redactado –un paso preceptivo en la elaboración de un reglamento–, tal y como se puede comprobar en la web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Entonces, todos los interesados y afectados pudieron realizar las aportaciones que considerasen oportunas al primer texto del Real Decreto de Reglamento que se dio a conocer de manera oficial.
Parecía que la cosa estaba en marcha de nuevo y los trabajos continuaron durante la primera mitad del año 2024 en la que la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno abrió un proceso de consultas y mantuvo diversas reuniones con responsables de los diferentes ministerios y con representantes de organizaciones relacionadas con los españoles en el exterior para recabar su opinión sobre el texto. Este paso no es preceptivo, pero desde la Dirección General consideraron conveniente recoger más opiniones y propuestas que las que se habían obtenido en el plazo de la audiencia pública. El caballo había arrancado.
Este proceso finalizó en julio de 2024, cuando dicha Dirección General elaboró un nuevo texto –diferente del que se había sometido a audiencia pública en 2023–, que se suponía que iba a ser casi el definitivo y que se entregó a la Secretaría General Técnica del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, según han confirmado a España Exterior fuentes del propio Ministerio, para que los departamentos del Gobierno realizasen los informes que la normativa establece para la elaboración de un Real Decreto de Reglamento.
De todos modos, según pudo saber este medio, por esas mismas fechas la Dirección General remitió el documento a las comunidades autónomas para que pudieran realizar propuestas y dar su opinión. Estas consultas se realizaron de manera informal, casi por cortesía, y, de hecho, las aportaciones realizadas por las autonomías no se incorporaron al texto casi definitivo que elaboró la Dirección General en julio de 2024.
Cuando parecía que el texto había llegado a su redacción final, el caballo se volvió a convertir en burro y desde julio de 2024 hasta febrero de 2025, seis meses, nada se ha avanzado con el Reglamento.
Como se ve que este arre y so se ha convertido en una costumbre del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ahora la ministra Elma Saiz ha anunciado que “el próximo lunes, 10 de febrero, se abrirá el trámite de consulta previa que iniciará el proceso normativo del Reglamento”.
Es decir, la tramitación del Real Decreto del Reglamento del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior que debería haberse aprobado en 2022 ya que estaba incluido en el Plan Anual Normativo del Gobierno para aquel año, vuelve al inicio.
Para más inri, la ministra afirma que estará aprobado en este año 2025 cuando, según fuentes consultadas por España Exterior, los propios plazos de la tramitación están muy ajustados y no sería hasta finales de año, como muy pronto, cuando podría ver la luz.
Por si fuera poco, Saiz ha dicho que el Plan de Retorno estará incluido en el Reglamento. En este sentido, parecía absurdo que se fuera a aprobar un Plan de Retorno al margen del Reglamento cuando en los borradores que se han conocido de esta norma ya incluyen un amplio apartado dedicado al retorno.
A estas alturas, lo que parece claro es que solo el interés que tengan los responsables del Ministerio por la ciudadanía española en el exterior y la voluntad política que tengan por plasmarlo en medidas concretas puede hacer que la aprobación del Reglamento sea una realidad este año.
