La jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha abierto una investigación penal en torno a la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta el 30 y 31 de julio, al estimar que se trata de una “conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la integridad territorial de España”. La magistrada aprecia en estos hechos, en los que murieron alrededor de un centenar de personas, indicios de varios delitos, entre ellos contra la paz e independencia del Estado, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros en conexión con delitos de homicidios imprudentes, así como de organización criminal. La investigación judicial se centra así en esclarecer las circunstancias en las que se produjo la entrada irregular y determinar las posibles responsabilidades penales.
Un informe de la Policía Nacional remitido a la jueza habla de una “violación masiva de la soberanía territorial de España” en la que hubo una “dirección estratégica y operacional” de un proceso predefinido con “objetivos diferentes a los migratorios”. Según el informe de la unidad de inteligencia de la Comisaría de Extranjería (CENIF), se facilitaron traslados de los migrantes “a tramos concretos y simultáneos”, hubo un guiado “activo” de la masa por parte de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Marruecos y hubo una alerta a los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla sobre “riesgo extremo” de entradas a nado. “Fue un proceso planificado para colapsar el sistema de control fronterizo y eliminar la capacidad de respuesta de España”, añade y lo vincula con la reivindicación de Rabat sobre las ciudades españolas de Ceuta y Melilla. Y señala un “incremento súbito” de mensajes alentando a ir a Ceuta los días antes de la invasión y el 90% de los teléfonos tenían prefijo marroquí y el resto de Argelia, Túnez o Libia, aunque también España, Francia o Alemania.
Además, el documento revela comunicaciones previas al asalto que advertían del riesgo de que se produjeran entradas irregulares. La Policía había enviado dos avisos antes del 30 de julio. Uno de ellos, fechado el día 29, alertaba de una probabilidad alta de llegadas a nado y de un “riesgo extremo” para la seguridad en caso de una acción coordinada. Los sindicatos policiales también aseguraron que el Gobierno había sido informado.
Informes policiales
Tras conocerse el documento del CENIF, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se dirigió de madrugada por carta al director general de la Policía, Francisco Pardo, para saber, “de ser cierto”, desde cuándo disponía la Policía de dicha información.
Por otro lado, el informe de la Jefatura del Servicio de Información de la Guardia Civil entregado a la jueza sostiene que los avisos previos no predecían la entrada masiva que finalmente se produjo en Ceuta los días 30 y 31 de julio.
La versión del Gobierno hasta ese momento se había basado en dos aspectos fundamentales: la defensa a ultranza de Marruecos rechazando señalarle como el causante y la negativa sobre el conocimiento previo del riesgo de una entrada coordinada en la Ciudad Autónoma. Sin embargo, los informes y avisos policiales contradicen dicha versión.
La negativa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su comparecencia en el Congreso más de un mes después del asalto a no atribuir ningún tipo de responsabilidad, ni indirecta, a Marruecos por el asalto que sufrió la frontera de Ceuta le alejó aún más de sus socios parlamentarios, que le acusaron de mentir. Incluso Junts dijo que no puede continuar al frente del Ejecutivo. Sólo recibió el respaldo del PSOE, su partido.
Pero es que, además, el Gobierno está dividido, más allá de las visibles diferencias entre Marlaska y la ministra de Defensa, Margarita Robles, que defendió a los servicios de inteligencia españoles y que no respaldó con aplausos el discurso de Sánchez en el Congreso. Sumar, su propio socio de coalición en el Ejecutivo, reprochó a Sánchez que “se ha actuado tarde, sin dimensionar la crisis humanitaria ni sus consecuencias políticas”. “Un mes se tardó en convocar al Consejo de Seguridad Nacional y al mando único”, señaló.
Fueron muy criticadas las vacaciones de Sánchez en Canarias durante 27 días con Ceuta invadida por miles de inmigrantes irregulares y con los ceutíes denunciando el colapso en la Ciudad.
El presidente del Gobierno en su intervención habló de una crisis migratoria y no mencionó la “violación de la integridad territorial de España” que sí señaló en su visita a Ceuta el 31 de julio. Sánchez afirmó que en menos de 24 horas de la llegada masiva habían regresado 50.000 personas, y 72 horas después, alrededor de 63.000. No obstante, avisó que el Ejecutivo actuará “con total contundencia” si se llegase a confirmar que Marruecos está implicado. Finalizó afirmando que “el Gobierno no renunciará jamás a la soberanía española de Ceuta y Melilla”.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, aseguró que “Ceuta no sufrió una crisis migratoria, fue una invasión que continúa” y que “la operación salió de Marruecos, la consintió y el Gobierno lo sabía”. Feijóo pidió la dimisión de Sánchez, tras sus palabras: “Si esta es la verdad dimita por incompetente y si es falso, dimita por cómplice”.
Por su parte, el presidente de Vox, Santiago Abascal, espetó al presidente del Gobierno que “es imposible defenderse de un ataque si no sabemos quién nos ataca” y criticó que reprochara a Felipe VI en una entrevista que no visitara Ceuta “en 20 años”, está “valiente con el Rey de España y sumiso con el de Marruecos”.
Protestas en las calles
Por otro lado, decenas de miles de personas salieron a las calles con motivo de las movilizaciones convocadas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) como muestra de apoyo a Ceuta y pidieron la dimisión de Pedro Sánchez. En la Ciudad Autónoma, más de 25.000 personas, según los organizadores, secundaron la manifestación bajo el lema ‘Ceuta no se vende, Ceuta se defiende’ que coincidió con el Día de Ceuta. El manifiesto leído señaló que lo ocurrido “no es un problema migratorio” y exige una respuesta de Estado, así como un refuerzo de los medios en Ceuta, garantizar la seguridad y el control de la frontera y el retorno efectivo y con garantías de quienes llegaron ilegalmente y permanecen en la ciudad.
En Madrid, 150.000 personas según el Ayuntamiento, llenaron la plaza de Cibeles en apoyo a Ceuta en la concentración más masiva del país en la que coincidieron los líderes del PP, Alberto Núñez Feijóo, y de Vox, Santiago Abascal.
Cabe señalar que varios alcaldes del PSOE desoyeron a su dirección nacional y acudieron a las concentraciones en apoyo a Ceuta.
Por último, más de un mes después de la entrada irregular de más de 80.000 inmigrantes a Ceuta, la Ciudad Autónoma sigue sufriendo las consecuencias con miles de personas instaladas en sus calles. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y mando único para la crisis, Ángel Víctor Torres, dejó en el aire el número de inmigrantes que quedan en Ceuta y cifró en 2.000 los menores identificados. No obstante, Torres detalló que se están repartiendo entre 3.500 y 4.000 comidas diarias y que hay previstas instalaciones para acoger a 6.000.
