Reclaman la paralización de los requerimientos y que se homologuen las pensiones de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez al estar exentas del IRPF. La diputada Pilar Cancela sostiene que “se trata de una tremenda injusticia” y recuerda que el Congreso aprobó establecer un tratamiento fiscal específico para las pensiones públicas en el extranjero.
El Grupo Socialista en el Congreso ha reafirmado su compromiso con el colectivo de emigrantes retornados en una reunión mantenida con representantes de la Federación Española de Asociaciones de Emigrantes y Retornados (FEAER) el pasado 6 de marzo a la que, además de la portavoz del Grupo Socialista, Margarita Robles, asistieron los diputados socialistas gallegos Pilar Cancela, Margarita Pérez Herraiz y Guillermo Meijón.
La coordinadora de los socialistas gallegos y secretaria del área de Políticas Migratorias y PSOE en el Exterior, Pilar Cancela, mostró su apoyo al colectivo pues, según sostuvo, “estamos ante una trementa injusticia”.
Los socialistas gallegos recuerdan que en junio del pasado año la Cámara Baja aprobó, a instancias del Grupo Socialista, entre otras medidas, el establecimiento de un tratamiento fiscal específico para las pensiones públicas en el extranjero, la devolución por parte de Hacienda de los cobros indebidos y, de oficio, la devolución de las sanciones y recargos aplicados injustamente.
Sin embargo, denuncian, “el Gobierno ha comenzado una nueva oleada de requerimientos a los emigrantes retornados sin haber cumplido primero lo aprobado en el Congreso”.
Por ello, los socialistas le reclaman al Gobierno que cumpla con lo aprobado en el Congreso, que paralice los requerimientos que ha vuelto a realizar la Agencia Tributaria a los emigrantes retornados españoles que perciben pensiones del extranjero “hasta que no se cumpla con el acuerdo parlamentario” y que “establezca con carácter de urgencia un procedimiento de homologación de las pensiones del extranjero con las pensiones de la Seguridad Social para que las que sean por incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, que están exentas del IRPF, se excluyan de cualquier requerimiento que se hiciese a efectos fiscales”. Asimismo, solicitan que se establezcan los medios necesarios para que, como cualquier contribuyente, el pensionista emigrante retornado reciba su borrador de la declaración.
De este modo, le piden al Gobierno “que ponga fin al acoso al que viene sometiendo a los emigrantes retornados, que nunca se negaron a pagar y que lo que piden es un trato justo e igual al resto de contribuyentes”. “Se trata de personas que tuvieron que marchar de su país para trabajar y que a su vuelta se encuentran maltratados por su Gobierno, pues Hacienda en muchos casos les exige una doble imposición fiscal mientras que a otros les ofreció una amnistía fiscal”, lamentan.
