La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados aprobó el pasado 7 de marzo las enmiendas transaccionales de la proposición de ley de amnistía para los encausados por el ‘procés’ que pactaron un día antes el PSOE, Junts y ERC. Así, la norma vuelve al Pleno de la Cámara Baja, el 14 de marzo, para su aprobación y envío al Senado antes de su ratificación definitiva.
Las modificaciones pactadas por el PSOE con los partidos secesionistas catalanes que protagonizaron el proceso soberanista de octubre de 2017 -con declaración unilateral de independencia incluida- en la norma alcanzan las pretensiones de Junts de una amnistía integral, según reconocieron sus dirigentes, y sólo acotan los delitos que no quedarán cubiertos por la medida de gracia basados en la legislación europea e internacional, dejando fuera las conductas más graves de terrorismo o traición y los delitos de corrupción si hay enriquecimiento personal. A petición de la formación que lidera el expresident de la Generalitat huido de la Justicia española, Carles Puigdemont, se amplía también dos meses el ámbito temporal de la amnistía, que irá del 1 de noviembre del 2011 al 13 de noviembre del 2023.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con la Cortes, Félix Bolaños, señaló que la ley de amnistía será un “referente mundial” porque “marca historia”, además de que es “impecable” desde el punto de vista constitucional a pesar de reconocer que la medida es impopular en España. Y dejó claro que la voluntad del acuerdo “es que todas las personas involucradas en el proceso independentista queden amnistiadas”. Tanto Bolaños como el resto de dirigentes del Gobierno y del PSOE explicaron que con este acuerdo se garantiza la legislatura y reiteraron de que se trata de un pacto en pro de la convivencia en Cataluña, a pesar de que Junts y ERC se apresuraron a reclamar un referéndum de autodeterminación y a subrayar que su objetivo es la independencia de Cataluña. Además, la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, avisó a los jueces españoles que prevaricarán si no aplican la ley de amnistía cuando entre en vigor.
Nuevamente se sucedieron desde todos los ámbitos de la sociedad las críticas a la ley de amnistía. Decenas de miles de personas se concentraron el 9 de marzo en la madrileña plaza de Cibeles para exigir la dimisión del presidente, Pedro Sánchez, y protestar contra la amnistía a los implicados en el ‘procés’, como hicieron al día siguiente en la plaza Sant Jaume de Barcelona miles de personas.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acordó ese fin de semana en Córdoba con miembros de la dirección del partido y los presidentes de comunidades autónomas la Declaración de Córdoba, un documento que configura su hoja de ruta durante los próximos meses. Feijóo pronosticó la caída del Gobierno de Pedro Sánchez “por la mentira y la corrupción”.
