El PSOE en Argentina difundió, el pasado 4 de julio, un comunicado en el que manifestaron su rechazo categórico a la presentación hecha por Vox ante la Junta Electoral Central (JEC) que propicia eliminar el derecho de voto por correo de las ciudadanas y los ciudadanos españoles residentes en el exterior.
Desde la comisión gestora socialista en el país austral calificaron como “inaudito” que se “intente vulnerar” el derecho de los ciudadanos españoles inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), destacando asimismo que esa petición viola el principio constitucional de igualdad y la naturaleza democrática del sistema electoral, “que garantiza la plena participación política de quienes residen fuera del territorio español”.
En ese sentido, recalcaron que en la actualidad el voto de los ciudadanos españoles que residen en el exterior “se encuentra debidamente regulado y su emisión, envío y conteo cumple con todas las garantías de seguridad, identificación, certificación censal y trazabilidad dispuestas por la legislación electoral española”, por lo que afirman que estas garantías “aseguran la autenticidad y transparencia del proceso y el normal desarrollo del escrutinio de los votos emitidos por correo”.
Asimismo, la comisión gestora del PSOE en Argentina, que preside Óscar González, denunció “esta pretensión regresiva, discriminatoria y contraria a los derechos esenciales de la enorme comunidad española residente fuera del territorio nacional, cuyos integrantes se verían reducidos a ser considerados como ciudadanos y ciudadana de segunda clase”.
Por otra parte, acusaron al Partido Popular de mantener “un resonante silencio” respecto a la presentación efectuada por Vox ante la JEC, “así como a preocupantes iniciativas de sus voceros pretendiendo paralizar la aplicación de la Ley de Memoria Democrática”, y finalizan: “De nuestra parte, reiteramos nuestro firme compromiso con la Constitución, el Estado de derecho y la igualdad de derechos de toda la ciudadanía española, piense como piense, y resida donde resida”.
Oposición desde Ciudadanía Primero
La iniciativa planteada por Vox también fue rechazada por la agrupación Ciudadanía Primero, que compitió en las últimas elecciones de recambio de autoridades del Consejo de Residentes Españoles (CRE) de Buenos Aires, desde donde recordaron que la Ley de Memoria Democrática, en su Disposición Adicional 8ª, abrió la posibilidad a hijos y nietos de españoles que en el transcurso de su vida en el exterior no hayan hecho los trámites de recuperación de su nacionalidad española por derecho sanguíneo: “Desde el CRE entendemos que todo derecho civil obtenido por una ley debe ser respetado, preservado y, si es posible, potenciado por todos los estamentos, tanto estatales como de la sociedad civil”.
En la misma dirección, expresaron “nuestro más férreo y enérgico apoyo y respeto a todo lo referente a la tramitación, gestión y resolución de los expedientes de solicitud de nacionalidad, siempre y cuando estén dentro de los supuestos estipulados por la ley y estén cumplimentados en tiempo y forma”.
Seguidamente, desde Ciudadanía Primero resaltan que el actual proceso de otorgamiento de nacionalidad española que se está llevando adelante desde la puesta en marcha de la Ley de Memoria Democrática se hace “siguiendo las propias garantías del marco jurídico español y que, además, es custodiado y realizado por altos funcionarios del Estado, como es el caso del cuerpo diplomático español, primera línea de defensa de los intereses de España, y sus empleados, los que se someten a los más altos estándares de formación y evaluación para su ingreso al mismo”.
Además, abogaron por el “respeto irrestricto” de la legalidad de dichas nacionalidades “obtenidas al amparo de una ley democrática” y su completa implementación “en todos los aspectos concernientes a la vida de un ciudadano español de primera con plenos derechos, entre ellos, el del voto”.
Finalmente, subrayaron el deber de “apreciar, valorar y sopesar los alcances de una ley al momento de redactar, emitir y aprobar dicha ley por nuestras Cortes Generales, máximo organismo de representación democrática”, y concluyeron con firmeza: “No podemos permitirnos los desatinos de las marchas y contramarchas posteriores a la aprobación de cualquier tipo de norma”.
