El PSOE pactó con Junts y ERC una nueva redacción de la Ley de Amnistía que distingue el terrorismo del proceso soberanista de Cataluña -el procès- del que causa “violaciones graves de derechos humanos”. Todo ello con el objetivo de poder salvar los casos de ‘Tsunami Democràtic’ -la plataforma independentista catalana, impulsada por la sociedad civil y personalidades de la política para dar respuesta a la sentencia del juicio del procés-, y los Comités de Defensa de la República (CDR) -grupos activistas organizados surgidos en Cataluña en 2017 con el objetivo inicial de facilitar la realización del referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre-. Además de a los fugados de la Justicia española, Carles Puigdemont, expresident de la Generalitat catalana, y Marta Rovira, líder ERC. Y con el objetivo de pasar el filtro de legalidad de la Unión Europea.
Esto salió adelante el 23 de enero en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, donde el PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV, Junts y Podemos votaron excluir del proyecto de ley de amnistía los delitos de terrorismo “siempre y cuando de forma manifiesta y con intención directa hayan causado violaciones graves de derechos humanos”. También pactaron diversas enmiendas que buscaban blindar el futuro de Puigdemont y otras técnicas a la proposición de la ley que presentó el PSOE el pasado mes de noviembre para amnistiar una década del procés independentista catalán.
Ya solo queda el debate y votación en el pleno de la Cámara Baja para su remisión al Senado, donde cualquier modificación que se haga podrá ser eliminada en su vuelta al Congreso para la luz verde definitiva de la Ley. Sin embargo, Junts sigue exigiendo más cesiones al PSOE para frenar la acción judicial ante la ley que se vota en el pleno del Congreso el 30 de enero. Tanto Junts como ERC mantienen que la negociación sigue viva.
Los jueces discrepan
Todo ello porque los jueces dudan de que Europa acepte hacer categorías entre los delitos terroristas. El juez instructor de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, encargado del caso Tsunami Democràtic, sostiene que en los delitos más graves no se cumplen los requisitos para aplicar la medida de gracia. Incluyendo algunos que se le atribuyen a Puigdemont. Argumenta que no frenó las movilizaciones a pesar de “asumir” que podría haber muertos y que se produjeron agresiones “graves” a policías que encajan en la norma europea, excluida de la amnistía conforme a la enmienda pactada por el PSOE, Junts y ERC, señalando a Puigdemont como responsable último de los hechos.
García-Castellón ve terrorismo en siete actuaciones por el sistema de organización y las finalidades de la plataforma que encajan en los preceptos de “subvertir el orden constitucional, desestabilizar económicamente y políticamente al Estado, y alterar gravemente el orden público”, que se aplican en España y en la UE a un grupo terrorista. Incluso investiga si entre los objetivos estuvo el Rey Felipe VI en alguna visita a Cataluña.
La vicepresidenta del Gobierno, Teresa Ribera, acusó al juez de actuar por política contra Puigdemont, aunque fue desautorizada por Moncloa pero sus socios le aplaudieron. Sí provocó un profundo rechazo en el Consejo General del Poder Judicial, que destacó la escasa “lealtad institucional”.
Informe de los letrados
Previamente, el informe de los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso advirtió de “múltiples indicios de inconstitucionalidad” y de choques previsibles con el derecho de la UE a pesar de que el letrado mayor del Congreso, Fernando Galindo, nombrado tras formar parte del Gobierno, no vio ningún elemento conflictivo.
Los letrados de la Comisión de Justicia explicaron, además, que la medida “no está contemplada en las competencias de las Cortes” y que la amnistía requiere reformar la Constitución. Sostienen que la ley lesionaría la seguridad jurídica y la igualdad. A pesar de todo, el PSOE defendió que la “amnistía es plenamente constitucional” en su convención política celebrada en A Coruña entre el 19 y el 21 de enero.
Por su parte, el fiscal general del Estado, Álvaro García-Ortiz, rechazó la petición del Senado de emitir un informe sobre la amnistía que se preveía crítico por la postura de los vocales.
Mientras, la Guardia Civil investiga nuevas conexiones de Rusia con el 1-O. Examina documentación vinculada con la supuesta injerencia del Kremlin, estudia viajes a España de miembros de la inteligencia rusa y revela que hubo llamadas en estas personas y líderes del procès.
Y según la investigación del caso Pegasus, el Gobierno de España, ya bajo la dirección de Pedro Sánchez, espió al entonces vicepresidente de la Generalitat y actual president, Pere Aragonès, por dirigir los CDR, desmintiendo la versión del Ejecutivo. De hecho, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, había negado que el Gobierno lo supiera, como también había negado que el PSOE fuera a incluir casos de terrorismo en la Ley de Amnistía.
Todas estas actuaciones provocaron nuevas críticas en el seno y en el entorno del PSOE. Su exlíder y expresidente del Gobierno, Felipe González, cargó contra el “eco insoportable” de los pactos de Sánchez, describiendo a un presidente sometido al chantaje nacionalista, además de cuestionar la amnistía.
El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, aseguró que las cesiones a Junts ponen al PSOE en el “extrarradio de la Constitución” y se conjuró con comunidades del PP para que Sánchez no dé “ni un privilegio más” a Cataluña, además de censurar que se distinga entre “terrorismo buenos y malo”. El ministro y dirigente del PSOE, Óscar Puente, le contestó diciendo que le veía a él en “el extrarradio del PSOE”.
Por último, más de 45.000 personas se concentraron el 28 de enero en la plaza de España de Madrid y sus calles aledañas como protesta contra la amnistía, convocados por el PP. Su presidente, Alberto Núñez Feijóo, afirmó que “hay una tormenta de dignidad en España que cada día es mayor”. “Vamos a rescatar democráticamente este país y vamos a restituir la igualdad de todos”, prometió. “No hay terrorismo bueno o malo, sino un Gobierno nefasto que no tiene vergüenza”, señaló para calificar de terrorismo los actos ocurridos en Cataluña durante el procès.
Al acto asistieron los expresidentes del Gobierno, José María Aznar y Mariano Rajoy, y 14 líderes regionales del PP.
