PSOE y Junts per Catalunya (JxCat) celebraron el pasado 2 de diciembre en Ginebra, de forma secreta, su primera reunión derivada del acuerdo que firmaron el 9 de noviembre en Bruselas para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de España. La única información que trascendió a los medios fue la emanada de un comunicado conjunto de ambas formaciones tras la conclusión de su primer encuentro, “en un ambiente cordial” según el escrito, en el que anunciaron su acuerdo para que el diplomático salvadoreño, Francisco Galindo Vélez, sea quien ejerza como verificador de las reuniones estipuladas en cumplimiento del pacto alcanzado. De hecho Galindo ya participó en la reunión y los dos partidos le agradecieron “su compromiso en poner a disposición de las partes su experiencia y su voluntad de contribuir a alcanzar la solución política y negociada al conflicto”, añadía la nota.
Francisco Galindo Vélez ha sido embajador de El Salvador en países como Francia y Colombia y representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en diferentes misiones. El diplomático salvadoreño es un abogado experto en protección de refugiados y derechos humanos con una amplia experiencia en Colombia, donde participó en una misión de verificación de los acuerdos entre las FARC y el Gobierno colombiano.
Por otro lado, PSOE y JxCat no dieron detalles sobre el mecanismo de verificación internacional que les acompañará en sus reuniones, si bien se especuló con el Centre for Humanitarian Dialogue ‘Henry Dunant’, una organización radicada en Ginebra que asesoró a JxCat y ERC en 2018 y que participó en el desarme de ETA.
No más citas este año
El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, que encabezó la delegación socialista en el encuentro -al que habrían asistido por parte de Junts su líder Carles Puigdemont, expresident de la Generalitat y prófugo de la Justicia española tras el proceso soberanista del 1 de octubre de 2017 (1-O), su número dos Jordi Turull y la portavoz en el Congreso Miriam Nogueras- aseguró que no volverá a producirse ninguna cita entre las partes antes de que concluya 2023.
El líder del PSOE y presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, reconoció en varias entrevistas en los últimos días sus cambios de opinión sobre la amnistía y las cesiones a los independentistas tras las elecciones generales, ya que necesitaba sus votos para ser elegido. Por ello, el Ejecutivo y el partido manejan ya la dialéctica soberanista de reconocer un “conflicto político” en una Comunidad, a pesar de esto sólo lo considera así una parte de su población, han aceptado mediadores internacionales y negociaciones fuera de España para un pacto que puede influir de manera decisiva en el futuro del país entero.
Esto es lo que viene denunciando la oposición y los ciudadanos en las calles, con protestas diarias ante la sede central del PSOE en Madrid o con manifestaciones como las del pasado 3 de diciembre en Madrid, organizada por el PP a la que asistieron miles de personas ante el Templo de Debod, y en Sevilla, promovida por la sociedad civil, también con éxito de asistencia. En la de la capital de España, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, denunció que “este Gobierno no está con la Constitución. No vamos a aceptar la opacidad con la que Sánchez se reúne y negocia. No se negocia en la clandestinidad la dignidad y la democracia de España. Poner el futuro de España en manos de un ciudadano de El Salvador es una humillación. Exijo en nombre de España que cese este despropósito”, afirmó antes de anunciar más movilizaciones.
Por su parte, el Rey Felipe VI defendió en la Ceremonia de Apertura de la XV Legislatura de las Cortes Españolas, celebrada el 29 de noviembre en el Congreso, una nación española “sólida y unida, sin divisiones ni enfrentamientos”. En su discurso, Felipe VI, que estaba acompañado de la Reina Letizia y la Princesa de Asturias, reivindicó que la defensa de la Constitución no supone “mirar atrás con nostalgia” sino reafirmar el logro que supuso la Carta Magna.
Ante diputados y senadores, entre los que no estaban los representantes de ERC, Junts, EH Bildu y BNG -socios de investidura del Gobierno-, el monarca destacó que “desde hace siglos España ha sido una realidad compartida y edificada por mujeres y hombres de diversa procedencia social o geográfica con ideologías distintas” pero con la idea compartida de “un mejor país para todos”. Y recalcó que “la obligación de todas las instituciones es legar a los españoles más jóvenes una España sólida y unida, sin divisiones ni enfrentamientos”.
