El proceso de regularización extraordinaria puesto en marcha por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones el pasado 16 de abril y finalizado el 30 de junio, ha concluido con un total de 1.174.978 solicitudes registradas, de las cuáles, 609.737 ya han sido tramitadas. La cifra definitiva dobla las previsiones que el Gobierno ofreció en el Consejo de Ministros que aprobó esta medida el 14 de abril, cuando se apuntaba a medio millón. Hoy son más del doble.
Del total de solicitudes recibidas, el 79,6% corresponde a autorizaciones por circunstancias excepcionales por razón de arraigo extraordinario, mientras que el 20,4% restante se refiere a autorizaciones para solicitantes de protección internacional. El 83,2% se ha tramitado por vía telemática y el 16,8% restante se ha registrado de forma presencial. En este último caso, se han contabilizado cerca de 200.000 solicitudes en las 448 oficinas de Correos, Seguridad Social y Extranjería habilitadas por todo el territorio nacional.
En cuanto al perfil de las personas solicitantes, el 87% se encuentra en edad laboral (entre 16 y 64 años), mientras que la distribución por género sitúa a los hombres en el 57% y a las mujeres en el 43% del total de solicitudes, si bien en el caso de los menores de edad y en la franja de 45 a 54 años la distribución es paritaria. Por edades, el grupo más numeroso es el de personas entre 25 y 34 años, que representa el 31,3% del total, seguido por quienes tienen entre 35 y 44 años (21,6%) y entre 16 y 24 años (17%). Seis de cada diez solicitantes (59,4%) tienen menos de 34 años.
Por nacionalidades, Colombia concentra el mayor número de solicitudes, con el 25,9% del total, seguida de Marruecos (13,3%), Venezuela (11,8%), Perú (8,8%) y Honduras (4,9%). Dos de cada tres solicitantes proceden de América Central y Sur, mientras que el 22,9% es de origen africano y un 8,3% de Asia.
Cataluña es la comunidad autónoma con mayor volumen de solicitudes (257.602), seguida de la Comunidad de Madrid (202.424), la Comunitat Valenciana (167.286) y Andalucía (161.557). A continuación, se sitúan Castilla-La Mancha, Euskadi, Región de Murcia, Castilla y León, Galicia y Canarias, consolidando una presencia significativa del proceso en todas las comunidades autónomas.
Por otro lado, el Tribunal Supremo ha planteado la posibilidad de llevar el proceso la regularización extraordinaria de inmigrantes desarrollado en España al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por si entrara en conflicto con el derecho comunitario.
Así lo acuerda el alto tribunal en dos providencias que ha dictado en la tramitación de los recursos interpuestos por las comunidades autónomas de Valencia y Aragón contra determinados aspectos del real decreto conocido como de ‘regularización de extranjeros’.
500 millones de euros en un año para un Plan de Integración y Ciudadanía
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el 30 de junio que el nuevo Plan de Integración y Ciudadanía, que presentó junto con la campaña institucional ‘¿De dónde vienen? Vienen de hacer país’ del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, arranca con una dotación de 500 millones de euros el primer año, para aprovechar las oportunidades y responder a los desafíos de la migración, gestionándola de “forma justa, ordenada e inteligente”.
El Plan, donde han trabajado una decena de ministerios y recoge aportaciones de sociedad civil y diálogo social, cuenta con cuatro grandes ejes, 16 medidas para avanzar en la integración e inclusión, trabajo digno, orden, regularidad, derechos, obligaciones y reglas de convivencia, incluyendo el proceso de regularización, la creación de una futura Agencia Estatal de Movilidad Humana, el empleo en sectores de alta demanda, una oferta extraordinaria de Formación Profesional o el refuerzo de servicios públicos, entre otros; y 10 objetivos para 2030.
