El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias aprobó en su reunión del 11 de mayo el proyecto de Ley de Participación Ciudadana que regulará por primera vez de forma integral los instrumentos de implicación directa de la ciudadanía en los asuntos públicos autonómicos. El objetivo de la iniciativa es fomentar y facilitar la intervención de la población en el diseño de las políticas públicas, incluidos los asturianos residentes en el exterior.
El texto legislativo, que iniciará ahora su tramitación parlamentaria, incorpora instrumentos hasta ahora inéditos. Por ejemplo, la posibilidad de realizar consultas ciudadanas que no tengan carácter de referéndums (no referendarias) sobre asuntos de interés. También la iniciativa reglamentaria popular, para lo que se fija un umbral de 4.000 firmas, así como la elaboración de presupuestos participativos autonómicos y la creación de foros y jurados ciudadanos.
El texto reconoce el derecho a participar en los procesos regulados por la ley a todas las personas mayores de 16 años residentes en Asturias, incluidas las extranjeras, así como a asturianos residentes en el exterior y personas desplazadas temporalmente fuera de la comunidad. También establece mecanismos para reforzar la eficacia de la participación y evitar que quede reducida a un trámite formal. En este sentido, obliga a la Administración a motivar públicamente las razones cuando rechace propuestas formuladas por la ciudadanía y reconoce el silencio positivo en determinados procedimientos impulsados desde la sociedad civil.
La ley incorpora el principio de garantía rural, con medidas específicas para asegurar la participación de las personas residentes en concejos rurales o zonas de baja densidad demográfica, lo que evitará desigualdades territoriales y favorecerá la descentralización de los procesos participativos.
Otro de los ejes de la norma es la creación del Consejo de Participación Ciudadana, un órgano asesor, de control y garantía del cumplimiento de los derechos recogidos en el texto, que elaborará informes, recomendaciones y memorias anuales sobre el grado de aplicación de las políticas participativas. También se pondrán en marcha un Registro de Participación Ciudadana y un espacio digital de participación como plataforma pública de información, deliberación y seguimiento de los procesos participativos.
El proyecto legislativo prevé acciones de formación y sensibilización para fomentar la cultura participativa, medidas de accesibilidad física, sensorial, cognitiva y digital, así como compensaciones por gastos de desplazamiento derivados de la participación en procesos promovidos por la Administración autonómica.
La elaboración del texto se ha desarrollado a través de un amplio proceso de diálogo. Desde octubre de 2024 se han recorrido todas las comarcas de Asturias y se ha logrado la implicación de cerca de 700 personas de más de 400 asociaciones. De este modo, el procedimiento se ha convertido en una experiencia amplia, plural y representativa de diferentes sensibilidades. Este modelo, cuya metodología y coordinación técnica ha corrido a cargo de la Universidad de Oviedo, fue reconocido internacionalmente en la IX Cumbre Global de Gobierno Abierto, celebrada en Vitoria-Gasteiz en 2025, como ejemplo de elaboración colectiva y compromiso democrático con la sociedad civil.
