El Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, a través de su diputada Rosa Quintana, ha exigido una transformación radical en la relación institucional que España mantiene con su diáspora, reclamando de manera urgente una auténtica visión de Estado que ponga fin a la consideración de los emigrantes y sus descendientes como “ciudadanos periféricos”.
Durante su intervención ante el V Pleno del VIII Mandato del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, celebrado en Madrid del 25 al 27 de mayo, la parlamentaria desgranó las a su juicio profundas deficiencias normativas y de gestión que afectan a millones de compatriotas residentes fuera de las fronteras del país, abogando por reformas estructurales de calado tanto en materia de adquisición de la nacionalidad como en los derechos de participación política y en el diseño de planes de retorno eficaces y dotados de recursos.
Quintana comenzó poniendo en valor la trascendencia del CGCEE, definiéndolo como un órgano que representa la voz viva de una comunidad que ha cambiado profundamente en las últimas décadas. La realidad actual de la emigración ya no responde únicamente al perfil clásico del trabajador que partió hace décadas, sino que engloba a nuevas generaciones de descendientes, jóvenes profesionales altamente cualificados, familias mixtas y personas mayores que mantienen intactas sus raíces e identidad colectiva. A juicio de la diputada, las respuestas institucionales ofrecidas hasta la fecha no han sabido evolucionar a la misma velocidad que esta transformación sociológica, resultando parciales, lentas y claramente insuficientes para dar cobertura a las demandas de la población española en el extranjero.
El principal exponente de este desajuste administrativo se localiza en la gestión de la nacionalidad, donde la aplicación de la Ley de Memoria Democrática (LMD) ha evidenciado, según la representante del Partido Popular, las severas limitaciones del modelo actual. Los datos aportados durante el pleno revelan un desfase de proporciones colosales entre la demanda de la ciudadanía y la capacidad de resolución de la administración, señaló Quintana, registrándose más de 2,45 millones de solicitudes de nacionalidad y más de 1,2 millones de expedientes ya iniciados y pendientes de resolver.
De toda esa ingente cantidad de procesos, únicamente 320.000 solicitudes han logrado culminar de manera satisfactoria su inscripción en el Registro Civil consular, un cuello de botella que colapsa los servicios y vulnera las expectativas de los solicitantes, recalcó la diputada del PP.
Deterioro de la seguridad jurídica
Para el PP, resulta especialmente alarmante que la Administración Central se vea obligada a “recurrir de forma sistemática a interpretaciones flexibles de la normativa para dar validez a solicitudes que de otro modo quedarían fuera de plazo debido exclusivamente a la parálisis y el colapso administrativo que sufren las oficinas consulares de manera generalizada”.
Quintana advirtió que cuando una ley requiere de reinterpretaciones continuas para amoldarse a una realidad que el legislador no previó con la suficiente antelación, “se produce un grave deterioro de la seguridad jurídica que desprotege al ciudadano”. Por este motivo, el Grupo Popular defiende la necesidad de avanzar hacia una nueva Ley de Nacionalidad que posea “un carácter estable, permanente, claro y que establezca procedimientos de tramitación ágiles y homogéneos en toda la red, superando de forma definitiva la política de parches normativos temporales para ofrecer certezas jurídicas a los descendientes”.
Esta reforma legislativa debe ir acompañada de un incremento real y efectivo de los recursos materiales y humanos destinados a la red de consulados, cuyos profesionales desempeñan sus funciones “claramente por encima de sus capacidades reales” en la actualidad. “La escasez de personal y la falta de medios tecnológicos se traducen diariamente en una endémica dificultad para la obtención de citas previas, retrasos desmesurados en la tramitación y entrega de documentación esencial como pasaportes o certificados, y un deterioro general en la calidad de la atención al público que perjudica de manera directa el bienestar de los españoles en el exterior”, afirmó Quintana.
Obstáculos para el voto exterior
En lo concerniente a los derechos de participación política, la diputada popular reconoció que la supresión del sistema de voto rogado supuso un avance legislativo de gran relevancia para facilitar la participación electoral, pero matizó que las barreras logísticas y territoriales siguen estando muy presentes y continúan provocando profundas desigualdades entre los electores según su lugar de residencia.
Quintana recurrió a su experiencia personal para ilustrar esta problemática, recordando que ella misma nació en Venezuela y conoce de primera mano las dificultades geográficas y de infraestructuras de la región. “Mientras que para un ciudadano residente en una gran capital europea el ejercicio del derecho al sufragio es un proceso sencillo, para aquellas personas asentadas en zonas apartadas de países como Venezuela el voto se convierte en una tarea que roza el casi imposible, una discriminación que obliga al Estado a intervenir para que el ejercicio democrático no dependa de la geografía del votante”.
Un plan a nivel nacional para fomentar el retorno
El bloque más propositivo de la intervención se centró en la exigencia de un salto cualitativo en las políticas de retorno de emigrantes y sus descendientes, un ámbito en el que Quintana subrayó que existe un consenso básico respecto a su urgencia, pero no en su ejecución. El retorno no puede continuar gestionándose de una manera fragmentada, inconexa o sujeta exclusivamente a las capacidades de los distintos territorios a los que deciden regresar los ciudadanos. El Grupo Popular propone la creación de una estrategia nacional de retorno coordinada de forma directa con todas las comunidades autónomas y respaldada por una dotación presupuestaria suficiente que permita un despliegue ambicioso de las medidas de apoyo.
Esta estrategia nacional debería centrarse en dar soluciones transversales a las principales dificultades que encuentran los retornados al llegar al país, tales como el acceso a la vivienda, la inserción en el mercado laboral a través de planes de empleo específicos, la agilización burocrática en la homologación de títulos académicos y un acompañamiento administrativo personalizado que simplifique los trámites de instalación. Además, Quintana vinculó de forma directa esta política con el actual desafío demográfico y la acusada escasez de mano de obra que sufren múltiples sectores de la economía española, señalando que resulta razonable desarrollar una política ambiciosa para atraer a compatriotas y descendientes que comparten vínculos lingüísticos, familiares y culturales, lo que garantizaría una integración social y laboral sumamente fluida.
Ejemplo de la Xunta
Como ejemplo de gestión de éxito, la diputada expuso el trabajo desarrollado por la Xunta de Galicia mediante su estrategia denominada Galicia Retorna, la cual aglutina más de un centenar de programas específicos concebidos para tutelar y facilitar el regreso de la población gallega en el exterior. Entre estas medidas, destacó el funcionamiento de las oficinas de asesoramiento integral, la concesión de becas orientadas a la realización de estudios de máster en las universidades gallegas o las herramientas de orientación laboral en origen, como el programa Retorno Cualifica Empleo, que vincula las necesidades de las empresas con los perfiles profesionales de los emigrantes antes de su traslado.
Asimismo, se enfatizó la necesidad de mantener vivos los vínculos identitarios de las generaciones más jóvenes que residen en el exterior mediante programas específicos dirigidos a jóvenes de entre diez y treinta años para que puedan viajar y reconectar con sus raíces, una labor de continuidad que también se extiende a los mayores mediante iniciativas como Reencuentros con Galicia, que este año ha sido ampliado por el gobierno autonómico para dar cobertura también a los residentes en el continente europeo que quedaban excluidos de las ayudas estatales por motivos de cotización. Finalmente, Quintana urgió a resolver de forma inmediata otras problemáticas sectoriales que lastran el día a día de la diáspora, tales como las trabas de acceso a los programas de turismo social del Imserso para los residentes en el continente americano, las diferencias de trato fiscal y la dramática situación de los gallegos en Venezuela que sufren retrasos administrativos en la percepción de las prestaciones económicas por razón de necesidad que tienen reconocidas por ley.
Excelente nota y excelente interpretación de la diputada Rosa Quintana del problema de los descendientes españoles en el exterior para obtener el derecho a la ciudadanía por falta de recursos tecnológicos y de personal en los consulados!! El de Buenos Aires, Argentina, tiene un retraso de más de 3 años !!
Lo fundamental que se necesita YA y no se requiere recursos adicionales, es que respeten los reglamentos. Ley 39/2015. Esto no se de trata de demanda sino de cumplir con su función. Particularmente, art 53 y 71. Pero parece que los desconocen.
Si hola de planteado algo sobre la discriminación de la mujer al casarse con extranjeros cuyos nietos han podido hacer la solicitud de nacionalidad porque sus abuelos no son originariamente españoles