El Partido Popular reclamó al Gobierno en el Senado una revisión de los criterios administrativos utilizados para aplicar la Disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática (LMD) y un análisis detallado de su repercusión sobre el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).
La petición se materializó en una moción presentada por el Grupo Popular en el pleno de la Cámara Alta el pasado 29 de septiembre -y que se votará y aprobará, al tener el PP mayoría absoluta en esta cámara, el día 30 de septiembre- que plantea doce medidas, entre ellas revisar la Instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 25 de octubre de 2022, publicar datos detallados sobre las nacionalizaciones y conocer el número y la distribución territorial de los nuevos electores incorporados al censo exterior.
La iniciativa parte de la consideración del PP de que la aplicación de la Ley de Memoria Democrática ha adquirido una dimensión que hace necesario revisar los criterios con los que se está aplicando. El texto sostiene que la Disposición adicional octava estableció determinados supuestos de acceso a la nacionalidad y que una instrucción administrativa posterior no puede ampliar esos supuestos mediante una interpretación que, a juicio de los populares, corresponda al legislador.
El senador Alfonso Serrano Sánchez-Capuchino defendió la moción reclamando información sobre todo el proceso, desde las solicitudes de nacionalidad hasta las nuevas inscripciones en el CERA. El parlamentario popular insistió en que su grupo no cuestiona el derecho a la nacionalidad reconocido por la ley, pero sí considera necesario conocer el alcance del proceso y sus efectos sobre el censo electoral.
En este sentido, afirmó que “la nacionalidad española no puede ser utilizada como instrumento de ingeniería electoral” y reclamó que las nuevas incorporaciones al CERA puedan ser identificadas y sometidas a criterios que permitan comprobar su correcta adscripción territorial.
La moción reclama, en concreto, que el Gobierno facilite al Senado datos actualizados y suficientemente desglosados sobre las solicitudes presentadas, los expedientes resueltos, las nacionalidades concedidas y denegadas y los procedimientos pendientes, con información por países y oficinas consulares. También pide conocer los criterios utilizados por la Administración y las instrucciones, circulares o notas interpretativas que hayan intervenido en la aplicación de la Disposición adicional octava.
El CERA, en el centro de la iniciativa
Una parte sustancial de la moción se centra en las consecuencias que el proceso de nacionalización está teniendo sobre el CERA. El PP quiere que el Gobierno informe del número de nuevos electores incorporados como consecuencia de la aplicación de la LMD y de su distribución por países, oficinas consulares y circunscripciones electorales.
La iniciativa pide además que, en coordinación con la Oficina del Censo Electoral, se garantice que las nuevas inscripciones cuentan con una correcta identificación y adscripción territorial y que se revisen aquellas altas que pudieran haberse producido por errores administrativos, insuficiencias documentales o una aplicación incorrecta de los criterios establecidos.
La senadora popular Rosa Viera Fernández insistió durante el debate en que la pretensión de su grupo no es eliminar derechos reconocidos por la legislación, sino garantizar que la aplicación de la norma se produzca con seguridad jurídica. “No estamos cuestionando el derecho a la nacionalidad”, recalcó la parlamentaria, que reclamó que la aplicación de la LMD se mantenga “dentro del marco aprobado por las Cortes”.
Viera puso también el acento en la necesidad de disponer de un procedimiento homogéneo y de información suficiente sobre la evolución del CERA. En su intervención reclamó “transparencia, procedimientos homogéneos y un CERA fiable”, al tiempo que se refirió a las actuaciones desarrolladas en relación con determinadas inscripciones censales y a la coordinación entre los registros civiles, los consulados, la Oficina del Censo Electoral y la Junta Electoral Central.
Diferencias sobre nacionalidad y derecho al voto
El planteamiento del PP encontró una respuesta diferente entre los grupos que intervinieron en el debate. El senador del PNV Igotz López Torre defendió el derecho de los descendientes del exilio a acceder a la nacionalidad española y pidió separar este proceso de la cuestión estrictamente electoral.
Su intervención puso de relieve que la adquisición de la nacionalidad y la inscripción en el CERA son procedimientos distintos. “La nacionalidad no lleva aparejada automáticamente la inscripción en el CERA”, afirmó, al tiempo que advirtió de que no debe establecerse una relación automática entre las nuevas nacionalizaciones y el comportamiento electoral de quienes adquieren la ciudadanía española.
Desde el PSOE, el senador José Manuel Franco Pardo situó el debate en el terreno del derecho de sufragio de los españoles que han adquirido la nacionalidad al amparo de la LMD. En una muy crítica con la posición popular, afirmó que “se está privando a miles de españoles de su derecho al voto”, en referencia a las actuaciones relacionadas con determinadas inscripciones en el CERA.
Los socialistas defendieron que los beneficiarios de la Ley de Memoria Democrática son ciudadanos españoles con los mismos derechos que el resto y rechazaron que el debate sobre el incremento del CERA pueda utilizarse para cuestionar el acceso a la nacionalidad previsto en la legislación.
También el senador de Junts, Francesc Xavier Ten centró parte de su intervención en las consecuencias territoriales del proceso y planteó la necesidad de conocer cuántos nuevos electores se incorporarán en cada territorio y cómo se determinará su adscripción electoral.
Desde Unión del Pueblo Navarro (UPN), la senadora María Mar Caballero respaldó la necesidad de disponer de información detallada y de reforzar la seguridad jurídica de los procedimientos, aunque subrayó que el debate no debía interpretarse como un cuestionamiento del derecho de los descendientes del exilio a obtener la nacionalidad española.
Doce medidas
La moción del PP concreta sus propuestas en doce puntos. Además de la revisión de la Instrucción de 25 de octubre de 2022, solicita que la disposición adicional octava se aplique estrictamente a los supuestos establecidos por la ley y que se establezcan criterios objetivos, homogéneos, verificables y trazables para acreditar el vínculo familiar con el ciudadano español de origen.
También reclama información periódica al Senado sobre la evolución de las nacionalizaciones, su incidencia en el CERA y los criterios administrativos utilizados, así como la revisión de posibles errores en las inscripciones. El PP pide igualmente una comparecencia del Gobierno ante la Comisión Constitucional del Senado para explicar la aplicación de la norma y su repercusión sobre el censo exterior.
La última de las propuestas plantea que cualquier modificación sustancial de los supuestos de acceso a la nacionalidad se tramite mediante una iniciativa legislativa y no mediante instrumentos administrativos de rango inferior. Con ello, el PP pretende que las futuras ampliaciones de los beneficiarios de la nacionalidad queden sometidas a la decisión expresa de las Cortes Generales.
