El PP logra una multitudinaria movilización contra la amnistía del PSOE a los independentistas

El Partido Popular logró reunir el pasado 24 de septiembre en Madrid a entre 65.000 personas, según la organización, y 40.000, según la Delegación del Gobierno, en una movilización contra la pretensión del actual presidente del Gobierno de España en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, de aprobar una ley de amnistía para los responsables del proceso soberanista en Cataluña de octubre de 2017, tal y como le exigen Junts y ERC para apoyarle en su intento de mantenerse en el poder. La concentración multitudinaria desbordó todas las previsiones, que contaban con congregar a alrededor de 10.000 personas.

Fue una demostración de fuerza del PP, puesto que la manifestación traspasó las siglas del PP y sumó a votantes de Vox y exsimpatizantes del PSOE, a dos días de que comenzara la sesión de investidura de Alberto Núñez Feijóo como presidente del Gobierno, que se vota los días 27 de septiembre, en primera instancia para una mayoría absoluta, y el 29 para mayoría simple, aunque no tiene los apoyos necesarios al cierre de esta edición.

El acto, convocado en defensa de la igualdad de los españoles, se convirtió en una protesta contra la amnistía. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que realizó la intervención central, aseguró que “aunque me cueste la Presidencia del Gobierno, defenderé que España es un conjunto de ciudadanos libres e iguales”. Durante el acto más multitudinario en la historia del partido, calificó de “falacia socialista” que el independentismo tenga que ser decisivo en la gobernabilidad del país cuando nunca, en décadas, había tenido menos votos que ahora.

Subrayó además que “esto no va de partidos, ni de bloques, ni de territorios, ni de legalidad. Esto va de principios y de derechos. Nadie puede ser más que nadie en la España constitucional”. Quiso desmontar la afirmación del PSOE que habla de una de una “mayoría progresista” cuando no son “ni progresistas, ni socialistas, ni mayoría”, pues el 94% de los españoles votó mantener vigente la Constitución. “No es socialismo cuando pretenden establecer privilegios para una élite de políticos en perjuicio de todos. Es elitismo político”, incidió. El líder del PP, que estuvo acompañado por los presidentes autonómicos de su partido, aseguró que los españoles no votaron el 23J un cambio en el régimen constitucional: “Es un fraude y no vamos a negociar los fraudes”.

Le precedieron en el uso de la palabra los expresidentes del Gobierno, José María Aznar y Mariano Rajoy, y el alcalde y la presidenta madrileños, José Luis Martínez-Almeida e Isabel Díaz Ayuso, que coincidieron en alertar sobre el peligro de la amnistía, que pondría en cuestión la Transición y la Constitución de 1978.

Sánchez rechaza ahora la judicialización del ‘procés’ en medio de críticas internas

El presidente del Gobierno de España en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, aseguró en una comparecencia en Nueva York que “una crisis política nunca tuvo que derivar en una acción judicial”. Una polémica frase con la que dio a entender que el ‘procès’ soberanista catalán, con el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y la declaración de independencia autointerrumpida, nunca debería haber sido juzgado. Un guiño a sus interlocutores de Junts y ERC, que necesita para su investidura y posterior renovación de su Gobierno si fracasa la tentativa de Alberto Núñez Feijóo, y que se interpretó como una confirmación de que se plantea aprobar una amnistía para los responsables de ese proceso.

Esta afirmación tuvo respuesta en la oposición y en los medios de comunicación que recordaron todas las declaraciones del propio Sánchez y de sus ministros y altos cargos socialistas hasta antes de las elecciones generales del 23 de julio en las que aseguraban, incluso él mismo, que la amnistía no cabía en la Constitución, que no se haría una consulta de autodeterminación y que los independentistas cometieron un delito de rebelión, además de comprometerse a traer a de vuelta España al fugado expresident de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, para ponerlo ante la Justicia.

Ahora el discurso es otro y Sánchez, en un mitin del PSOE en Barcelona -donde no hizo referencia alguna a la amnistía-, vinculó la manifestación de Madrid del día 24 como una protesta contra su posible permanencia en el poder. “Lo siento, habrá gobierno socialista”, aseguró.

Mientras, el máximo responsable de ERC, Oriol Junqueras, había señalado que la amnistía está acordada con el PSOE desde el mes de agosto y que formó parte del pacto para elegir la Mesa del Congreso. Los dirigentes socialistas, que pretenden lograr garantías para afrontar una larga legislatura, evitaron confirmarlo. Sin embargo, las pretensiones de los soberanistas catalanes no se quedan ahí y quieren un referéndum de independencia y el pago de una supuesta deuda histórica del Estado con Cataluña, que cifran por encima de los 450.000 millones de euros.

Otra cesión a los soberanistas se cumplió la semana pasada en el Congreso de los Diputados al aprobarse el uso del catalán, el gallego y el euskera, por lo que se pusieron a disposición de los diputados auriculares y pantallas gigantes para la traducción al castellano. El Gobierno también lo intentó en el Parlamento Europeo y ante las dificultades para sacarlo adelante incluso decidió primar al catalán frente a las otras dos lenguas, aunque su tramitación quedó aplazada.

Todas estas cesiones, pero sobre todo la posible amnistía provocaron la reacción de muchos dirigentes socialistas y de izquierdas. Es el caso del expresidente del Gobierno, Felipe González, y su número dos, Alfonso Guerra, que pidieron al PSOE que se rebele contra esta medida, reclamaron a los socialistas que no “se dejen chantajear por nadie y rechacen a quienes destruyen la democracia”, además de llamar a evitar “la humillación deliberada de la Transición”. Otro histórico Nicolás Redondo fue expulsado del partido por sus críticas, mientras que el líder del PSOE de Castilla-La Mancha y presidente de la Comunidad, Emiliano García-Page, alertó de que el pacto con Junts “carece de base moral” y exigió no formar gobierno “a cualquier precio”. El exsecretario general de UGT, Cándido Méndez, también se unió a las voces en contra de la amnistía.

Mientras que la dirección actual del PSOE atacó a los críticos y llamó desleales a González y Guerra. Además señaló al PP por buscar tránsfugas en la formación para que voten en contra.

Otro de los partidos imprescindibles para Sánchez, el PNV, dejó abierta la posibilidad de repetición de las elecciones generales para presionar al PSOE. Su presidente, Andoni Ortuzar, exigió al líder socialista que cumpla con la palabra dada para asegurarse su investidura.