El Grupo Parlamentario Popular del Senado llevará al próximo pleno de la Cámara Alta –que se celebrará los días 29 y 30 de septiembre– su primera ofensiva parlamentaria, después de la decisión del Supremo, para que las nacionalizaciones hechas ya por la Ley de Memoria Democrática no se conviertan en un “coladero”, según señalan los populares.
En este sentido, la iniciativa exige al Gobierno “garantizar que la aplicación de la disposición adicional octava de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática -Ley de Nietos- se ajuste estrictamente a la legalidad y a los supuestos fijados por las Cortes Generales”.
Así, el PP pide al Gobierno “rigor en la concesión de nacionalidades para evitar el descontrol” y una clara alteración del Censo Electoral sin unos criterios objetivos claros, afirman desde el partido.
La iniciativa de los populares insta al Ejecutivo a revisar la instrucción de la Ley de Memoria Democrática tras alcanzar cerca de 2,6 millones de solicitudes de nacionalidad y reclama garantizar las máxima fiabilidad y transparencia en la incorporación de nuevos electores al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).
Del mismo modo, el Grupo Popular advierte en su moción de que la adquisición de la nacionalidad a esta escala incide directamente en el CERA, por lo que “resulta imprescindible aplicar criterios homogéneos, trazables y transparentes para proteger las garantías del sistema democrático”.
Puntos destacados
A través de una batería de 12 medidas concretas, el PP pide realizar una revisión de oficio de la Instrucción de 25 de octubre de 2022, para evitar interpretaciones administrativas que amplíen sin rango legal los supuestos de acceso a la nacionalidad.
Igualmente, en otros de los puntos, exige “garantías en la acreditación del vínculo familiar con el ciudadano español de origen y evitar la extensión sucesiva de derechos a nuevas generaciones sin cobertura legal”.
Solicita datos desagregados sobre las solicitudes, resoluciones y concesiones por país, así como “auditar las incorporaciones al CERA en coordinación con la Oficina del Censo Electoral para corregir errores o deficiencias documentales”.
Reclama también la comparecencia del Ejecutivo ante la Comisión Constitucional del Senado para dar explicaciones detalladas sobre el impacto del proceso en el censo electoral.
Por último, el PP lanza una pregunta a los miembros del Gobierno: “¿Si esto no era una cuestión electoral, por qué tienen tanta prisa para que se resuelva antes de las elecciones?”.
