El Senado aprobó el pasado 14 de noviembre con los votos de la mayoría absoluta del PP la reforma del Reglamento del Senado que permitirá dilatar la aprobación de la ley de amnistía y que obliga al presidente del Gobierno y a sus ministros a comparecer en el pleno, cuando así lo reclame la Junta de Portavoces a solicitud de dos grupos parlamentarios o la quinta parte de los senadores. Esta iniciativa, que contó con el apoyo de los senadores de Vox y UPN, implica la modificación de los artículos 133 y 182 del Reglamento. Así, el Senado podrá decidir si una proposición de ley procedente del Congreso se tramita o no por el procedimiento de urgencia -un plazo de 20 días- o de forma ordinaria, en un plazo máximo de dos meses, aunque puede ser más tiempo si por medio hay vacaciones parlamentarias como ocurre en enero.
Por otro lado, los grupos de Junts, ERC, Sumar, Bildu, BNG y PNV en el Congreso de los Diputados solicitaron que se tramite la ley de amnistía por la vía de urgencia en un escrito a la Cámara. El PSOE registró el proyecto en solitario como proposición de ley, con lo que evita informes del Consejo General del Poder Judicial o del Consejo de Estado que serían obligatorios si se hubiera presentado como proyecto de ley del Gobierno.
