El que será I Pleno del VIII Mandato del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) se celebrará de forma presencial previsiblemente el próximo mes de marzo de 2022, según confirmaron fuentes de la Secretaría de Estado de Migraciones.
Hay que tener en cuenta que todavía tiene que finalizar la segunda convocatoria de elecciones para renovación y constitución de los Consejos de Residentes Españoles (CRE) que no terminará hasta mediados de diciembre. Desde ese momento y hasta finales de enero o primeros de febrero se procederá a elegir a los miembros de los diferentes CRE que formarán parte del CGCEE, así como a los demás miembros que componen este órgano.
Uno de los problemas que deberá afrontar la Secretaría de Estado es el elevado número de CRE que se formarán en 2021, que previsiblemente llegará a 43 -el máximo de representantes de los CRE que permite el Real Decreto que regula el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior-. Si el número de CRE formados es de 43 solo habría un representante por CRE, independientemente del número de españoles residentes en cada circunscripción. Por este motivo, desde la Secretaría de Estado señalan que su voluntad es dar cabida al mayor número de países, pero se intentará conjugar con la representatividad de cada uno de ellos en función del número de residentes en cada país.
En cuanto a la baja participación que se registra en las elecciones a los Consejos de Residentes Españoles, desde la Secretaría de Estado señalan que “deberíamos empezar a ser más proactivos a la hora de impulsar la participación”.
Reforma del voto rogado
Sobre la participación política, en el departamento que dirige Jesús Perea consideran que la actual regulación del voto exterior es “sangrante” y confían que el año que viene sea crucial para “solucionar una tremenda injusticia que se cometió en el año 2011” cuando hubo “un enfoque muy erróneo” de esta cuestión.
Además, señalan que el derecho al voto, porque es un derecho de ciudadanía, desde el punto de vista simbólico, “te ata a tu país de origen” y que cuando se te priva del ejercicio fáctico de un derecho que tienes constitucionalmente reconocido se te está privando de una condición de ciudadanía y eso es un daño añadido a quien muchas veces ha tenido que abandonar su país contra su voluntad. “Un elemento fundamental para combatir el sentimiento de menoscabo que tienen los españoles en el exterior es terminar con esa injusticia”, indicaron desde Migraciones.
Ayudas a los centros afectados por la pandemia
Por otro lado, la Secretaría de Estado también va a valorar la posibilidad de articular alguna ayuda específica a los centros y asociaciones de la emigración que han visto afectada su supervivencia por las restricciones ocasionadas por la pandemia. “Para el Gobierno, para España, es de interés más que evidente seguir manteniendo la presencia simbólica a través de centros que son también garantes de la memoria histórica de España en el exterior porque son parte del mantenimiento del prestigio internacional de España”, indicaron desde Migraciones.
El departamento que dirige Jesús Perea afirma que el presupuesto es una herramienta viva, que para 2022 parte de una situación de consolidación de una cuantía importante a favor de los españoles en el exterior “pero que tenemos la intención de implementar nuevas iniciativas que iremos avanzando en los próximos meses”.
Situación en Venezuela
En cuanto a la situación de la colectividad española en Venezuela, desde el departamento que dirige Jesús Perea destacaron que “el incremento del número de beneficiarios de prestación por razón necesidad residentes en Venezuela ha sido exponencial” y, además, los beneficiarios de asistencia sanitaria han pasado de 3.000 a 5.000 y el 90% de las pensiones a retornados son para españoles que han regresado a España desde Venezuela.
Por otra parte, recalcaron que la voluntad de la Secretaría de Estado es seguir apoyando a la colonia en Venezuela y resolver la mayor parte de las solicitudes de ayuda con carácter prioritario.
En definitiva, indicaron, “sin necesidad de hacer un plan específico de atención a la colectividad española en Venezuela, en la práctica es lo que estamos haciendo a través de los mecanismos legales y normativos que tenemos”.
