Envueltos en bolsas de basura de color negro y con carteles denunciando “13 años de congelación salarial”, el personal laboral en el exterior de las oficinas de la Administración española en Montevideo se concentró frente al consulado en la capital uruguaya.
Este 30 de mayo se desarrolló el primer ‘lunes negro’ convocado por los sindicastos y que en el que participaron todos los empleados, tanto locales como desplazados de la Embajada de España, Consulado, Consejería de Trabajo, Consejería Económica y Comercial, Centro de Formación, Centro Cultural y Oficina Técnica de Cooperación de la Agencia Española de Cooperación Internacional en Montevideo.
En la esquina del Consulado, en la calle Libertad y avenida Brasil, se congregaron a las 15 horas del último lunes de mayo una veintena de empleados que se desempeñan en las distintas oficinas del Gobierno español diseminadas por la capital uruguaya.
Muchos de ellos aparecieron vestidos con bolsas de basura al tiempo que mostraban carteles donde denunciaban los trece años de congelación salarial, avisando que “no somos basura”.
De esta forma se adhirieron a la movilización mundial con la que reclaman “en carácter urgente, asumir la actualización salarial que subsane la pérdida de poder adquisitivo resultante de 14 años de congelación que pesa sobre nuestro colectivo y que en la mayoría de los casos ronda los dos dígitos” tal como es el caso de los que residen en Uruguay donde denuncian que ronda el 30%.
Asimismo, explicaron que están luchando por “el desarrollo del Acuerdo PLEX que contemple: el establecimiento de una estructura salarial objetiva, la implementación de una escala de clasificación profesional bien definida que permita un claro establecimiento de las funciones de cada puesto, con retribuciones justas y homogéneas para todas las categorías, la promoción interna, la implementación de los protocolos necesarios para la prevención de riesgos y del acoso laboral y sexual en el trabajo”.
Por otra parte, los manifestantes exigen “una dotación suficiente de recursos del Servicio Exterior para que la ciudadanía española en el exterior pueda hacer efectivos sus derechos. Una adaptación de los edificios e instalaciones que garantice la seguridad del personal y del público y que permita la accesibilidad a las personas mayores o con discapacidad”.
